Exteriores no ve indicios de que los activistas fueran atacados por policías y los agredidos afirman que la actitud del Ejecutivo es «una traición».
31 ago 2010 . Actualizado a las 22:45 h.El Gobierno se da por satisfecho con las explicaciones exculpatorias ofrecidas por las autoridades marroquíes sobre el altercado vivido el sábado en las calles de El Aaiún, donde un grupo de activistas españoles prosaharauis fueron golpeados por un grupo de personas mientras se manifestaban en favor de la independencia de la ex colonia. Considera «superado» el enésimo incidente diplomático entre ambos países, que han vivido episodios de tensión a lo largo de todo agosto. Ni se llamará a consultas al embajador español ni se pedirán nuevas aclaraciones porque la explicación es «suficiente».
Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y designado interlocutor directo del Ejecutivo para aclarar el incidente, aseguró este martes que nada permite dudar de la versión oficial marroquí, que indica que los activistas españoles iniciaron en El Aaiún una manifestación ilegal, que la marcha derivó en un enfrentamiento entre «manifestantes y ciudadanos marroquíes» en el que varios de los españoles salieron heridos, y que la intervención de la policía magrebí «tuvo como principal objetivo poner fin a los enfrentamientos».
El número dos de Miguel Ángel Moratinos, en declaraciones a Radio Nacional, señaló que el Gobierno no puede responsabilizar de lo ocurrido a la policía marroquí, como exigen los miembros de la asociación SaharAcciones, porque «lo que está fuera de toda duda» es que fue una «manifestación no autorizada» y porque Exteriores carece de «elemento alguno que permita avalar esas opiniones» de los activistas, mientras sí que tiene un explicación oficial que afirma lo contrario.
«Lo que sí sabemos -añadió De Laiglesia- es que lo primero que hizo la policía marroquí fue acompañar a los dos más afectados por los golpes al hospital para que recibieran atención de urgencia antes de prestar declaración en comisaría, y que todo parece indicar que en la manifestación hubo una reacción por parte de grupos que no eran partidarios de lo que los activistas estaban defendiendo».
La conclusión es un llamamiento del Gobierno a los activistas y a otros grupos similares sobre la necesidad de «respetar la legislación vigente» en el Sáhara -la implantada por Marruecos en el territorio ocupado- y de que «estos incidentes no vuelvan a producirse». La postura es idéntica a la del PSOE que, a través de su la secretaria de Política Internacional, Elena Valenciano, justificó que el Ejecutivo «difícilmente puede proteger» a los españoles en el extranjero si incurren en «actividades que no son legales».
Relaciones
La rápida e inocua resolución del incidente diplomático casa con el expuesto el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que antes de conocer la explicación oficial marroquí aseguró que lo ocurrido en El Aaiún no iba a enturbiar la «buena relación» con el país vecino. Laiglesia, en igual sentido, dijo hoy que la relación «estratégica» con el país magrebí tiene que continuar y que, pese al «continuo hostigamiento» del PP, que busca un endurecimiento de la relación bilateral, el Gobierno va apostar siempre por el diálogo y descarta la estrategia del «puñetazo encima de la mesa». El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es de la misma opinión y hoy aseguró que los recientes incidentes en la frontera de Melilla se resolvieron, con su participación directa, gracias a «una diplomacia inteligente, algo que no practicó el PP en sus tiempos».
«Vergüenza»
El pase de página diplomático es para los activistas de SaharAcciones un comportamiento «vergonzoso» del Ejecutivo y «una traición al pueblo español». Sus portavoces indicaron que, pese a que «no tenemos ninguna esperanza en el Gobierno», al que ven atrapado en «juegos políticos», la versión de que la policía marroquí no fue quien reventó su manifestación de El Aaiún y golpeó a los participantes en la protesta no se la cree nadie «con sentido común», «ni siquiera Rodríguez Zapatero».
El grupo pro-saharaui, sin embargo, no se rindió y entregó hoy los partes de lesiones junto a una denuncia de los hechos en la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para que sea investigada por el Ejecutivo y sea remitida a la Fiscalía por si existen indicios de delito achacables a las autoridades marroquíes.
Los activistas respondieron al Ejecutivo que la única legalidad que hay que respetar en el Sáhara es la «internacional» porque si España, como parece, acepta la ley marroquí en ese territorio es que da legitimidad a una ocupación militar de la ex colonia no reconocida por la ONU.