La Fiscalía abre diligencias para determinar si hubo un delito de coacciones a los diputados penado con hasta cinco años de cárcel
16 jun 2011 . Actualizado a las 22:49 h.«Cafres», «violentos camuflados de pacifistas», «guerrilleros urbanos», «profesionales del incidente» y practicantes de la «kale borroka». El Govern catalán cargó este jueves con dureza contra los jóvenes indignados que el miércoles asediaron durante horas el Parlament y agredieron y amenazaron a varios diputados autonómicos.
Según el consejero de Interior de Cataluña, las fuerzas de seguridad se enfrentan a nuevos métodos cada vez más sofisticados de violencia urbana. Sólo son una minoría, que actúa tanto en una manifestación de los sindicatos como en una celebración del Barça, pero el número de activistas tiende a crecer, están más organizados, son más agresivos y bajo la «falsa apariencia de una resistencia pasiva» el miércoles cometieron un «atentado» contra la Democracia y sus instituciones, dijo Felip Puig.
«Había feroces ganas de batalla campal», expresó. Estos nuevos procedimientos de guerrilla utilizan las nuevas tecnologías y obligan a un dispositivo más dinámico y de gran complejidad, según Puig. «Las informaciones que se iban dando eran conocidas por los violentos de forma instantánea, de manera que el operativo era cada vez más difícil», expuso. Puig arremetió además contra la prensa, a la que acusó de filtrar a los violentos la forma en que los diputados accederían al Parlament, y negó que la Policía se infiltrara entre los violentos para provocar los altercados como mantenía un vídeo que circuló todo el día por la Red.
El president Artur Mas también fue contundente con el grupo que sembró el caos frente a la Cámara catalana. El sitio del Parlament fue «un acto de kale borroka organizado» y «de extrema violencia» y protagonizado por «cafres», señaló. «Del pacifismo del movimiento se pasó a la violencia, la intimidación y la coacción», remató.
El Govern catalán, eso sí, admitió errores en el dispositivo policial, que a su entender se quedó corto y subestimó los métodos y la violencia de los protestantes. «No fuimos capaces de defender en todo momento la integridad de todos los diputados», señaló Puig que próximamente dará explicaciones en el Parlament, donde defenderá que es necesario ampliar el número de antidisturbios. No obstante, aseveró que se cumplieron los objetivos: no hubo acampadas y el pleno de Presupuestos se celebró. La oposición (PSC, ERC e ICV) calificó el dispositivo (compuesto por 600 agentes) de insuficiente.
Más detenciones
Mientras tanto, Artur Mas pidió un «castigo ejemplar» para los autores de la algarada y anunció que en breve habrá más detenciones. Al cierre de esta edición, había siete arrestados, uno más que el miércoles, y otras 10 personas más habían sido identificadas por los Mossos por su participación en los disturbios. Entre los apresados, se encuentra uno de los cabecillas, veterano activista antisistema entrado en la cuarentena, que ha sido detenido en varias ocasiones por otros altercados. La Fiscalía de Barcelona anunció asimismo que ha abierto diligencias para investigar lo acontecido en el Parlament y determinar si los violentos cometieron los delitos previstos en los artículos 494 y 498 del Código Penal, que prevén penas de hasta cinco años de cárcel para aquellos que empleen la fuerza, la violencia o la intimidación para impedir a un diputado asistir a un Parlamento.
Miembros del colectivo de indignados de la 'Acampada bcn', mientras, condenaron «rotundamente» los sucesos violentos y señalaron que lo que se perseguía el miércoles era llevar a cabo una «acción de desobediencia civil legítima que, desgraciadamente, se vio interrumpida por algunas acciones violentas». Además, consideraron que los acontecimientos se han sobredimensionado y reclamaron que no se generalice al colectivo.