El Gobierno ve en la decisión del juez un «disparate» basado solo en indicios
ESPAÑA
El auto de procesamiento al ex director general de la Policía, al jefe del cuerpo en el País Vasco y a un inspector por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, cayó como una bomba en el Gobierno, que no dio crédito a la resolución del juez de la Audiencia Nacional y le hizo romper su norma de no comentar las decisiones judiciales.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, consideró que la acusación del juez Pablo Ruz se basa en una «suma de indicios más bien especulativos» y no en pruebas fehacientes que fundamenten una imputación de ese calibre a miembros de las fuerzas de seguridad que «llevan toda la vida luchando contra el terrorismo». Es, remató, «sencillamente disparatado».
La esperanza del Ejecutivo es que la Sala de lo Penal de ese tribunal desestime de forma parcial el escrito del juez instructor y deje los cargos en revelación de secretos. Si ese supuesto se produce, como se espera en el Gobierno, la causa pasará a un juzgado ordinario de Irún, circunscripción que corresponde al barrio donde está el bar.
La Fiscalía mantendrá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia su petición de que los cargos se limiten a revelación de secretos, pero de ningún modo a colaboración con banda armada. Fuentes jurídicas señalaron que es muy improbable que se revoque el auto de Ruz porque, por un lado, es inusual que la sala enmiende la plana al instructor, y, por otro, el juicio será el momento procesal adecuado para determinar si los supuestos delitos se han cometido.
Impugnación
El ministro de Presidencia manifestó que tiene «la firme convicción» de que un recurso de apelación permitirá que la calificación del juez sea revocada. Esa impugnación, de momento, solo la presentará la defensa de los acusados, al que la Fiscalía podría sumarse. El ministro dejó caer que todo apunta a que el objetivo último de este proceso judicial es Alfredo Pérez Rubalcaba, «el ministro que más y mejor ha trabajado por la derrota de ETA». Una apreciación en la que coincidió el interesado. El candidato socialista recordó que el PP es una parte en el proceso como acusación particular y señaló que si él no hubiera sido ministro del Interior «y si hoy no fuera el candidato», el chivatazo hubiera pasado sin pena ni gloria. «El problema no es Camacho, sino que el problema soy yo», aseveró.
Rubalcaba aseguró que no se trata de un problema en la lucha contra el terrorismo, sino de un asunto que se sobredimensionó porque «existo yo» y si ahora ha cogido aún más vuelo político tras la exigencia de responsabilidades planteada por el PP es porque «yo soy el candidato, esa es la razón y nada más, porque la lucha antiterrorista no tuvo ningún problema», ya que el aparato de extorsión de ETA fue desmantelado un mes después del chivatazo. Rubalcaba aseguró además que el auto de procesamiento de Ruz tiene «fallos jurídicos».
Por su parte, el ministro Antonio Camacho optó por el silencio, porque «como ministro» no debe «hacer ningún tipo de declaración sobre un tema que se está investigando judicialmente».