El PP quiere mantenerlas y propone un pacto de Estado para reformarlas
18 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Supresión o reforma. Esta es la disyuntiva que se plantean los dos grandes partidos nacionales sobre el futuro de las diputaciones provinciales. El Gobierno y el PSOE, con algunas excepciones relevantes, se inclinan por eliminarlas, mientras el PP quiere mantenerlas y ofrece un pacto de Estado para revisar sus funciones, pero dentro de una reforma general de las Administraciones públicas.
Alfredo Pérez Rubalcaba reabrió el martes el debate al asegurar que estas instituciones, tal y como están configuradas actualmente, no tienen sentido y, por tanto, sobran. El candidato socialista abogó por reformarlas en profundidad y replantear su papel dentro de la arquitectura territorial del Estado.
La respuesta a su propuesta fue desigual dentro del propio PSOE. El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, se pronunció claramente por su supresión. «Si queremos hablar en serio de la reducción de costes, de simplificar la Administración, tenemos una oportunidad que es eliminar unas instituciones que han quedado obsoletas después del desarrollo autonómico», aseguró. En su opinión, sus funciones podrían ser asumidas por órganos mancomunados municipales, ayuntamientos o comunidades autónomas, que ofrecerían los mismos servicios que prestan actualmente con mucho menor coste. Esto permitiría ahorrar «miles de millones de euros», con la eliminación de «cientos de asesores, coches oficiales, cargos políticos e institucionales». En todo caso, puntualizó que esto no afectaría a las diputaciones del País Vasco y Navarra.
Griñán discrepa
Una voz tan autorizada como la de Gregorio Peces Barba, expresidente del Congreso y uno de los padres de la Constitución, respaldó su supresión, o al menos la revisión en profundidad de sus funciones, porque a su juicio basta con una Administración local.
Sin embargo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, discrepó totalmente, ya que las diputaciones «son buenos instrumentos de aprovisionamiento de servicios a municipios que de otra manera no los tendrían», aunque admitió que se delimiten mejor sus funciones. Su consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, se mostró partidario «a ultranza» de estos organismos, «se llamen como se llamen», si bien pidió que se regulen sus competencias, como se hizo con la probación de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. El presidente de la Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, defendió el modelo que desarrolla esta institución en la provincia pacense, ya que «ha sabido adaptarse a lo largo del tiempo».
La propuesta del PP
El PP está dispuesto a revisar también el papel de las diputaciones y propuso ayer al PSOE un pacto de Estado para su reforma, en el marco de una revisión y modernización global de la Administración. Pero, al contrario que el Gobierno, de ningún modo se plantea liquidar estos entes territoriales, sobre todo después de su aplastante victoria en las elecciones del 22 de mayo que le dio el control de 27 diputaciones en detrimento de los socialistas. El vicesecretario general de Política Autonómica y Local de los populares, Javier Arenas, admitió que hay que «redimensionar su papel», porque se dan situaciones tan absurdas como que en un mismo territorio haya altos cargos locales, provinciales y autonómicos encargados de las misma tarea. En todo caso, recordó que la reforma exige el acuerdo de socialistas y populares, ya que «las diputaciones están constitucionalizadas». El dirigente andaluz explicó que «sería un buen comienzo que los dos principales partidos encargáramos un dictamen sobre una reforma profunda de la Administración pública para evitar duplicidades» y aseguró que el PP incluirá en su programa estas propuestas.