El juicio a Garzón entra en su fase final con los informes definitivos. Tanto la Fiscalía como la defensa pedirán su absolución.
19 ene 2012 . Actualizado a las 14:17 h.El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Baltasar Garzón por ordenar las escuchas del «caso Gürtel», ha dicho hoy que grabar las conversaciones que mantuvo en la cárcel con los cabecillas de la trama fue burdo, prevaricador y contrario a derecho, y ha negado que represente a nadie del PP. En la exposición de su informe final en la tercera y última sesión del juicio a Garzón, Peláez, abogado en el «caso Gürtel» del constructor José Luis Ulibarri, ha salido al paso de esta forma de quienes le acusan de representar a los imputados de la trama. «La querella la pone Ignacio Peláez, letrado y perjudicado. Este letrado no representa al PP, ni defiende a ningún miembro del PP, se representa a sí mismo. El ofendido por el delito soy yo mismo», ha asegurado el abogado que solicita 10 años de inhabilitación para Garzón por prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
Al comenzar su intervención, Peláez ha querido aclarar que por su condición de exjuez y exfiscal de la Audiencia Nacional no le ha resultado nada grato poner una querella a un antiguo compañero, pero que no podía evitar denunciar «que se estuvieran violando» sus derechos constitucionales. Ha lamentado además la «más absoluta soledad» que se encontró al presentar esta querella, con la que pretendía no sólo defender sus derechos, sino también el ejercicio de la abogacía, ante lo que ha echado en falta al Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía.
Ignacio Peláez ha pedido amparo al Tribunal Supremo para que, además de condenar a Garzón, ponga los límites a la violación de un derecho fundamental tan importante como el de defensa y ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía, al insinuar que lo que pretende es conseguir a través de este proceso la nulidad del «caso Gürtel». En este sentido, ha señalado que no tienen ninguna alegría ni ningún deseo de que se condene de forma ejemplar a Garzón, sino que pide que se establezcan límites porque «el fin no justifica los medios». «Lo que no puedo aceptar es ir a un locutorio con un bolígrafo y un folio y tener que escribir lo que quiero decir mi cliente. Me siento absolutamente vigilado, como si estuviera en un Estado policial», ha recalcado. Igualmente, ha sostenido que cuando visitó en la cárcel a los cabecillas de la red, Francisco Correa y Pablo Crespo, el 25 de febrero y el 6 de marzo, fue expresamente llamado por los internos, extremo amparado por la Ley General Penitenciaria, y que así consta en la causa, por lo que no necesitaba «ningún permiso» del juez en contra de lo que se ha dicho.
Además ha lamentado el «bochorno» que ha tenido que pasar al haberse escuchado en la vista, aunque a puerta cerrada, fragmentos de las conversaciones que mantuvo con Correa y Crespo, en los que comentaba que conocía a una fiscal de la Audiencia Nacional.
Tras asegurar que «jamás, jamás» ha hecho uso de su condición de juez o fiscal en excedencia, ha advertido que no va a aceptar que se ponga en duda su actuación, cuando ni siquiera se ha evidenciado una conducta rechazable.
El abogado ha calificado de un delito de «prevaricación claro» la resolución de Garzón, porque el juez sabía que la legislación penitenciaria no se lo permitía, era plenamente consciente de que era contraria a derecho, y era él el único que tenía la capacidad de limitar derechos fundamentales.
Respecto al segundo delito del que le acusa, uso de artificio de escuchas con violación de las garantías constitucionales, Peláez ha considerado probado que se han quebrantado su derechos de defensa y a la intimidad y confidencialidad con su cliente. «Con el solo hecho de escuchar mis conversaciones ya se ha cometido delito, ya se ha producido un daño», ha subrayado el letrado, que se ha mostrado convencido que la investigación utilizó elementos incriminatorios obtenidos de esas grabaciones en la prisión de Soto del Real.