Confirman que los abogados eran pieza clave en la trama de blanqueo.
19 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La vista oral del primero y el más delicado de los tres juicios que tiene que afrontar Baltasar Garzón en el Supremo está resultando mejor de lo previsto para los intereses del acusado. Si en la primera de las sesiones Garzón sorprendió a sus acusadores respondiendo por primera vez a sus interrogatorios sin titubeos, lapsus o contradicciones, en la segunda declararon cuatro testigos -dos policías, un funcionario de su juzgado y el abogado que formuló la querella origen del proceso- que, explícita o implícitamente, avalaron los argumentos de su defensa.
Han ratificado lo que esta sostiene: los abogados imputados formaban parte fundamental de la trama delictiva de Gürtel que seguía activa cuando los cabecillas de la organización ya estaban en la cárcel, el instructor adoptó todas las medidas a su alcance para que la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados no afectase a su legítimo derecho de defensa y en ninguna de las diligencias practicadas con posterioridad utilizó información obtenida con estas.
Los funcionarios de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), que se encargaron de interceptar las comunicaciones en prisión, dejaron claro que el juez les ordenó preservar el derecho de defensa de los letrados «sobre cualquier otra cosa».
Los policías recordaron que Garzón incluyó una cláusula en su auto de 19 de febrero del 2009 -el que autorizó las escuchas en prisión ante los indicios de que los imputados podían seguir «blanqueando»- que hacía referencia al derecho de defensa. Una pretensión, dijo el comisario principal de la UDEF, José Luis Oliveras, que no entendieron muy bien y que Garzón les aclaró: «Él decidía qué era el derecho a la defensa y qué no».
El jefe policial precisó que ellos trasladaron a Garzón los indicios de que los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con la ayuda de sus primeros abogados imputados, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, tenían intención de mover su dinero a paraísos fiscales -unos 20 millones de euros- y que el despacho del primero «estaba haciendo gestiones para darle a Correa la nacionalidad argentina o panameña».
Expurgadas
Esta información se la trasladaron al juez y este, con la connivencia de las fiscales, ordenó intervenir las comunicaciones en la prisión de Soto del Real, lo que incluía a los abogados de los cabecillas por ser «parte nuclear» de la trama.
La escuchas ordenadas por Garzón se extendieron entre febrero y marzo del 2009 y después fueron avaladas y prorrogadas por el juez Antonio Pedreira, instructor del sumario en el Tribunal Superior de Madrid, hasta mayo.
Fue a finales de marzo cuando se produjo el expurgo de las conversaciones en las que aparecían los abogados que ahora acusan al juez.