Inicia contactos con el PSOE para renovar el Tribunal Constitucional.
25 ene 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno quiere modificar el método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también el de los magistrados del Tribunal Constitucional. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer ante la Comisión Constitucional del Congreso que el nuevo Ejecutivo pretende recuperar el modelo anterior de elección de vocales del CGPJ, modificado en 1985, en el que los jueces y magistrados en activo designaban a 12 miembros del Consejo mediante candidaturas abiertas, mientras el Congreso y el Senado designaban a otros cuatro miembros cada uno. «Tenemos la intención de que los jueces y magistrados nombrados lo sean también por jueces y magistrados», señaló.
Sáenz de Santamaría explicó también que el Gobierno quiere concluir cuanto antes la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional y reveló que se han abierto ya las negociaciones para resolverla. Adelantó además la intención de diseñar un nuevo método de elección de los magistrados que otorgue más «estabilidad».
Entre las reformas legales anunciadas figuran también promover la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de autonomía -para evitar casos como el del Estatuto catalán, que fue modificado tras su entrada en vigor- y una revisión para limitar los recursos de amparo ante el Constitucional.
Sáenz de Santamaría anunció asimismo una reforma de las subvenciones públicas para introducir una mayor transparencia en las ayudas, eliminando la concesión nominativa, en el marco de la nueva ley de transparencia y buen gobierno que el Ejecutivo de Rajoy remitirá a las Cortes antes del verano. Explicó además que se revisará el Código Penal para tipificar como delitos «las infracciones más graves en la gestión de fondos públicos».
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, se mostró dispuesto al diálogo en la renovación del Constitucional y también a acordar cuestiones como la reforma del Senado y la ley electoral. Pero reclamó al Gobierno que no paralice la ley de memoria histórica y que mantenga su desarrollo «por dignidad y justicia. Nunca debió ocurrir que esta ley nos dividiera en relación con el proceso de transición, aunque desgraciadamente ocurrió», adujo Jáuregui.