El Gobierno condiciona la ayuda al cumplimiento del objetivo de déficit
04 feb 2012 . Actualizado a las 06:56 h.El Gobierno ha dado el primer paso para aliviar los problemas de liquidez de las comunidades. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos aprobó el pasado jueves la creación de una línea de crédito del ICO de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000, a la que podrán acudir las autonomías con problemas de caja. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que estos créditos se destinarán al pago de facturas por obras, suministros o servicios a las Administraciones autónomas emitidas antes del 1 de enero pasado. Las comunidades también podrán pagar con estas ayudas las deudas financieras contraídas antes de esa fecha, siempre que estén contabilizadas como déficit en sus respectivas cuentas públicas.
De Guindos quiso dejar claro que no se trata de «una línea de liquidez incondicional» para las autonomías, sino que tendrá unas condiciones «muy estrictas», ya que el fin es que cumplan con los objetivos de déficit y reduzcan su morosidad y el perjuicio a las pymes que contratan con ellas, algo que, según De Guindos, está afectando negativamente al tejido empresarial.
Quienes se acojan a estas líneas de crédito deberán presentar al Ejecutivo un informe en el que se detallen las operaciones de endeudamiento, además de un plan de viabilidad económico-financiero. El Gobierno podrá exigir a las comunidades que se desvíen de los objetivos de estabilidad presupuestaria unos intereses mayores por el crédito o incluso la cancelación anticipada. La financiación a cargo del ICO no tendrá influencia en el volumen de deuda pública, ya que el organismo emite deuda en el mercado.
Las dificultades de las comunidades para reducir su déficit se evidenciaron tras conocerse ayer que Cataluña cerró el año 2011 con un déficit de 6.687 millones de euros, lo que representa el 3,29 % de su PIB. Esa cifra se sitúa 0,63 puntos porcentuales por encima del límite previsto.
Cataluña y el gasto sanitario
El mayor desvío catalán se ha producido en el gasto sanitario y, según explicó el consejero Andreu Mas Colell, también influyó el hecho de que no se hayan ingresado los 200 millones de euros previstos por la vía de las privatizaciones debido a las malas condiciones del mercado. Para este ejercicio, la Generalitat mantiene la previsión de déficit en el 1,3 %.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se refirió ayer a las dudas que expresó el presidente catalán, Artur Mas, tras reunirse con Mariano Rajoy, respecto a que España pueda cumplir el objetivo de déficit, y afirmó que la prioridad «para todos los españoles y también para los catalanes» es impulsar la economía y volver así a generar ingresos que permitan a las comunidades autónomas «poner a punto sus cuentas». «Una vez hecho esto podrá hablarse de otras cuestiones», adujo en lo relativo a las reclamaciones de un pacto fiscal por parte de Cataluña.
Los problemas de financiación también animan el debate en el País Vasco, donde el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, dijo que su partido «tiene constancia» de que el déficit vasco está «desbocado» y existe riesgo de «quiebra inminente» El consejero del Interior del Gobierno autónomo, Rodolfo Ares, desmintió rotundamente lo afirmado por Urkullu, al que acusó de intentar desprestigiar al Ejecutivo de Patxi López.