Un grupo de juristas han arremetido este sábado contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Baltasar Garzón por las escuchas de la trama Gürtel y la han atribuido a «una conspiración» y «una cacería» contra el juez que investigó esta red de corrupción «de cuello blanco y de altas esferas».
Así lo han expresado en un acto, organizado en el Ateneo de Madrid por la Plataforma Solidarios con Garzón, en el que han participado los abogados Cristina Almeida, Manuel de la Rocha, Araceli Manjón, José Antonio Moreno, Carlos Slepoy, Jaime Sanz de Bremond, Ignacio Montejo y Javier Blanco, entre otros.
El Tribunal Supremo ha condenado a once años de inhabilitación a Baltasar Garzón al considerar que prevaricó al intervenir las conversaciones entre imputados en el caso Gürtel y sus abogados.
Cristina Almeida ha afirmado que «el gran derecho de defensa se lo han dado a los de la trama Gürtel» que llevaban adelante el proceso contra Garzón y ha lamentado que el derecho a la defensa, conquistado con la democracia, se convierta en «el derecho a la delincuencia» por artilugios jurídicos.
Almeida ha mostrado su preocupación por la deriva de la justicia en España, cuando se hacen grandes investigaciones para descubrir la «miseria» de la corrupción en España y de la falta de reparación a las víctimas del franquismo.
En su opinión, el juez Garzón ha sido objeto de «una cacería» y ha sido perseguido no por tener «un comportamiento antijurídico», sino por haber utilizado todos los medios a su alcance «para resolver una trama de corrupción de cuello blanco y de altas esferas».
El letrado del Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, ha criticado la «desfachatez rayana en lo ridículo» del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial por afirmar que las críticas a la sentencia del Supremo ofrecen una lamentable imagen de España en el exterior.
«Lo que está poniendo en solfa la imagen de España en el exterior es el procesamiento por parte del Tribunal Supremo del juez que ha encarnado durante muchos años la justicia universal y la tutela de los derechos de las víctimas de los procesos de genocidio o de exterminio por razones políticas o ideológicas», ha subrayado Moreno.
Por su parte, Manuel de la Rocha ha mostrado su rechazo radical a la sentencia del Supremo, a las argumentaciones, al fallo y a la instrucción en la que ha habido «una persecución indiscutible» contra el juez Garzón, con tres procesos abiertos en el alto tribunal.
La sentencia es la culminación de una tramitación larga que tenía como objetivo expulsar a Garzón de la judicatura, el ajusticiamiento de Garzón, algo que «buscaban los corruptos, algunas fuerzas políticas y mediáticas y algunos miembros de la cúpula judicial», ha indicado De la Rocha.
Araceli Manjón ha explicado que está más cerca de Garzón que de los siete magistrados del Supremo que lo han condenado a once años de inhabilitación por unanimidad y que, en su opinión, se han equivocado y han cometido «un acto arbitrario».
Manjón ha argumentado que es mentira que Garzón se haya apartado de la doctrina del Tribunal Constitucional al ordenar la intervención de las conversaciones en prisión entre imputados de la trama Gürtel y sus abogados.
Carlos Slepoy ha atribuido al Tribunal Supremo los delitos de calumnia, al atribuir delito a quien no lo ha cometido, de encubrimiento, al favorecer que los criminales eludan la acción de la justicia, y de prevaricación, al dictar múltiples resoluciones injustas, a sabiendas.
Jaime Sanz de Bremond ha censurado la hipocresía y la cobardía del Supremo por condenar a Garzón por prevaricación y eludir pronunciarse sobre la resolución de intervención de las comunicaciones mantenida por el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.