Defensa dice que la ley no ampara el embarque en buques privados
19 abr 2012 . Actualizado a las 06:56 h.La tijera de Rajoy se ha llevado por delante los 2,3 millones de euros que los anteriores Presupuestos reservaban para ayudar a los armadores a contratar agentes de seguridad privados para proteger a la flota atunera del Índico. Enrolar a vigilantes jurado para defender de los ataques piratas a los pesqueros y su tripulación -con importante representación gallega- fue la alternativa con la que los empresarios dieron ante la negativa del Gobierno a embarcar infantes de Marina, una idea que, ahora, con la desaparición de la ayuda financiera, resurge con fuerza.
En ese debate, las patronales de la pesca tienen algo meridianamente claro: que todavía no se puede prescindir de la protección. Que la situación en el Índico aún no permite desarrollar con normalidad las tareas pesqueras. Los ataques piratas siguen siendo una constante y si se ha reducido el número de secuestros es, precisamente, por llevar vigilantes armados a bordo. Y en Agricultura también tienen algo transparente: que no habrá partida presupuestaria para atender la seguridad de la flota del Índico, apuntan.
Pesca se ha reunido con las dos patronales de atuneros que operan en la costa oriental de África (Opagac y Anabac) y ha recogido sus peticiones para «explorar vías de solución, pero nada más», apuntan en la secretaría general.
Vía más económica
Admiten, eso sí, que una de las soluciones que se han planteado es, precisamente, la de embarcar infantes de Marina, «que es la vía más económica para garantizar la seguridad de la flota, puesto que el Estado pagaría el sueldo a los soldados y los armadores el coste adicional de destinarlos a un barco en el Índico», señalan fuentes del sector atunero.
Pero, primero, no hay unanimidad en las patronales y la asociación con mayor presencia en las aguas africanas rechaza la solución de los militares, toda vez que los vigilantes están ya integrados en los atuneros, un proceso que no estuvo exento de traumas. Y segundo -y casi más importante-, Defensa no parece estar por la labor y alega que «la legislación española no ampara la presencia de militares en los barcos para la protección de buques privados», apuntaron ayer fuentes de ese ministerio.
En el gabinete de Pedro Morenés también explicaron que el departamento ya está haciendo un esfuerzo grande para la protección de los atuneros con las fuerzas desplegadas en el marco de la operación Atalanta, que si bien tienen como objetivo prioritario garantizar el paso de los convoyes de ayuda humanitaria, también ofrecen protección a los pesqueros.
Y otra cosa está clara: que si Pesca no tiene fondos, en Defensa no van a poder buscarlos, pues, como explicó ayer en el Congreso el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Fernando García Sánchez, se está trabajando para que los recortes no afecten a las misiones en Líbano o Somalia.