Los catalanes condicionan su cambio de postura a que el Gobierno invierta 219 millones de euros en la comunidad
22 abr 2012 . Actualizado a las 07:02 h.El Gobierno quiere evitar como sea la imagen de unos Presupuestos del Estado rechazados por la oposición al completo y solo salvados por la mayoría absoluta del PP. Sabe que solo tiene una oportunidad para evitar ese titular, y es convencer a CiU, el único partido que hasta el momento ha apoyado sus duras reformas y ajustes, para que retire su enmienda a la totalidad a las cuentas de 2012, como paso previo a lograr su posterior respaldo en la aprobación final.
Con ese objetivo, miembros del Ejecutivo y dirigentes populares redoblan sus contactos con CiU para pedirles que reconsideren su posición antes del próximo miércoles, que es cuando el pleno del Congreso votará las diez enmiendas de devolución al Gobierno de los Presupuestos presentadas por todos los grupos opositores y por cinco partidos del Grupo Mixto.
El intento más significativo lo hizo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se entrevistó durante más de una hora con el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en un encuentro que pretendió ser secreto, para que no lo logró. El encuentro lo convocó el ministro, que citó al dirigente nacionalista en el hotel Plaza, de Barcelona, el inmueble donde durante buena parte de la mañana había presidido la junta directiva del PP de Cataluña.
La entrevista, según admitió Colell horas después a TV3, se centró en el debate de los Presupuestos y Montoro le pidió de forma explícita que reconsiderase su postura y que retirasen la enmienda a la totalidad que registraron el viernes.
El consejero le dio la misma respuesta que, poco después, reiteró Josep Antoni Duran i Lleida, el portavoz de la federación nacionalista en el Congreso. CiU mantendrá su no a los Presupuestos mientras el Gobierno de Rajoy se niegue a pagar a la Generalitat los 219 millones de euros para inversiones que le corresponden en aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto, que fija la asignación anual para infraestructuras en el 18 % del PIB regional.
Mas-Colell, tras escuchar las llamadas a la «responsabilidad» y a la «unidad» contra la crisis que le hizo el ministro, insistió en que los 219 millones son para CiU un punto «irrenunciable» y que lo más que pueden discutir es cómo pagar esta deuda.