El Gobierno retira escoltas a jueces, fiscales y vocales del Poder Judicial
ESPAÑA
La medida provocó especial indignación en la Audiencia Nacional
26 jun 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Interior hizo efectiva la retirada de todos los escoltas y coches oficiales que, con arreglo a los planes de seguridad diseñado en su día por el propio ministerio, tenían asignados los jueces y fiscales del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La medida entró en vigor ayer en el alto tribunal y en el CGPJ, con lo que más de uno ha tenido que regresar a su casa en transporte público. Los afectados de la Audiencia Nacional fueron informados ese mismo día por el comisario adscrito a este órgano judicial. Y la retirada de guardaespaldas y vehículo a jueces y fiscales entrará en vigor a las tres de la tarde de hoy.
Sí mantienen la escolta y el coche oficial el todavía -mientras su cese no se publique en el BOE- presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Dívar; su sustituto, el presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol -no así Fernando de Rosa, presidente en funciones el CGPJ-; el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra; y el presidente del Constitucional, Pascual Sala.
En la Audiencia Nacional solo conservan escolta y coche el presidente de este órgano judicial, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal jefe, Javier Zaragoza; el teniente fiscal, Fernando Burgos; y el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro Antonio. Solo en la Audiencia Nacional, la medida liberará de sus responsabilidades a 250 escoltas.
Según Interior, se reforzará el servicio de contravigilancia para los que se van a ver privados de protección directa. Pero eso no impidió que entre los afectados se agudizase el malestar creciente desde que hace dos meses tuvieron conocimiento de unos planes del ministerio que ejecuta el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional amenaza con reconsiderar su traslado al edificio del tribunal, en la madrileña calle Prim, mientras se reforma la sede principal de la calle Génova y ante «el incremento del riesgo» que supone la eliminación de escoltas.
«ETA no se ha disuelto»
Recuerdan los afectados que «ETA no se ha disuelto» y avisan de los peligros derivados de la lucha contra el crimen organizado. La decisión de Interior se fundamenta en sus planes de reducir una plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio estatal, generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas públicas. La primera fase del programa de reducción se aplicó en el País Vasco y Navarra. Esta segunda, que se ejecuta con dos meses de retraso por la reacción crítica de los potenciales implicados, afecta a un total de 500 personas, lo que supone el 30 % del total.
Fuentes cercanas a los afectados precisan que el malestar generado por la decisión de Interior está motivado más por el sesgo populista que se le está dando que por la medida en sí.