Las asociaciones exigen un cambio en la norma para evitar privilegios
28 jul 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Escandaloso, inmoral, ilógico y muy perjudicial para la imagen del poder judicial. Estas son algunas de las opiniones que suscita en la judicatura la posibilidad de que Carlos Dívar cobre una indemnización de 208.000 euros tras su renuncia a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si su resistencia a abandonar el puestotras el escándalo por cargar al erario numerosos viajes de largos fines de semana a Marbella en los que se mezclaban las actividades públicas y privadas ya había generado un notable malestar en la carrera judicial, su intención de cobrar ahora una indemnización por su renuncia tras haber ocupado el cargo más de dos años ha irritado sobremanera a sus colegas de profesión.
En declaraciones que recoge la agencia Efe, los portavoces de las asociaciones judiciales coinciden en reprobar tal posibilidad, que consideran ilógica y un mal ejemplo. En palabras de Pablo Llanera, representante de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tal indemnización se trata de un beneficio económico derivado de la prestación de una función pública, por lo que «carece de toda lógica que pueda recibirlo aquella persona que ha renunciado a desempeñar esa función de alta relevancia».
Este argumento coincide básicamente con el que llevó a la vocal del Consejo del Poder Judicial Margarita Robles a votar en contra de la concesión de esa subvención, avalada por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ con el respaldo de tres de sus miembros y la oposición de los dos restantes. No obstante, la decisión definitiva queda en manos del pleno del Consejo, que debatirá el asunto en la reunión que celebrará el lunes.
Aunque el nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, dejó entrever el jueves que el Consejo aprobará la indemnización porque de lo contrario «incumpliría la ley», el vicepresidente Fernando de Rosa matizó ayer que los vocales del CGPJ deberán decidir si la indemnización a Dívar es un mandato legal inexcusable, en cuyo caso habrá que aplicarlo, o si no lo es, porque entonces habría que interpretarlo y obrar en consecuencia. Aunque no quiso aclarar cuál será su posición, la insinuó al declarar que «muchas veces se debe aplicar la ley, aunque en el fondo no se esté conforme».
Si así fuera, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, considera que el Parlamento debería modificar el régimen indemnizatorio de los altos cargos para evitar tratos discriminatorios y que se traslade a los ciudadanos la imagen de que son una «casta privilegiada», especialmente en una coyuntura de crisis como la actual. En el mismo sentido, el portavoz de la APM expresa su extrañeza por la lógica de la norma, que dice no entender. En su opinión, Dívar debería renunciar a la indemnización -algo que no va a ocurrir porque la ha solicitado expresamente- «y si no, que se modifique la norma para que esto no ocurra». A la vista de que probablemente no quede otra opción que la reprobación moral, Jueces para la Democracia entiende que el Tribunal de Cuentas debería investigar el uso que Dívar hizo de los fondos públicos puestos a su disposición.
Pero las críticas no llegaron solo de las asociaciones judiciales. Hasta el fiscal del Tribunal Supremo Antonio Narváez, quien en razón a su cargo no quiso profundizar en la calificación, sí expresó su elocuente opinión de que «lógicamente conlleva consecuencias» para la imagen del Consejo del Poder Judicial. Mucho menos diplomática fue la reacción de la rama judicial de Comisiones Obreras, que calificó la indemnización de «escandalosa, inmoral y vergonzosa». Según el sindicato, «lo que debe hacer el CGPJ es proponer de inmediato la reforma de cualquier norma de carácter retributivo que siga considerando a los miembros del CGPJ como una casta privilegiada».