Frente a quienes piden su desaparición, planea darle más competencias
12 ago 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Con ETA en situación terminal, el debate sobre la pervivencia de la Audiencia Nacional está servido. Nacido en 1977 para combatir judicialmente el terrorismo etarra lejos del País Vasco, la continuidad del tribunal central genera controversia, e incluso en altas instancias judiciales y en los partidos nacionalistas se pide su supresión. De momento, el Gobierno apuesta por mantenerlo. Pero con matices. El Ministerio de Justicia trabaja en una reforma legal para otoño que pretende dotarlo de nuevas competencias. Se quiere dar protagonismo a los delitos económicos, el crimen organizado o los conflictos administrativos derivados de la crisis. Un ambicioso plan que choca de frente con los actuales recortes en la Administración judicial.
El tribunal nació el mismo día en que el Consejo de Ministros de Adolfo Suárez suprimía el Tribunal del Orden Público (TOP) de la dictadura. De ahí la pesada losa que ha llevado sobre sus espaldas, dado su carácter excepcional por ser una continuación del TOP franquista, según repiten como una mantra sus detractores políticos.
Ha sido el presidente de la Audiencia, Ángel de Juanes, quien ha propagado el debate ahora que ETA parece definitivamente derrotada. Desde hace diez meses, el magistrado ha aprovechado sus puntuales comparecencias públicas para «replantear» sin ambages qué hacer con el tribunal central. En un momento, además, en el que la carga de trabajo ha caído un 30 % en los últimos años y los sumarios de ETA apenas suponen un 15 % de los asuntos que tratan los juzgados centrales de instrucción. «Mi apuesta pasa por redefinir sus competencias, ya que la experiencia acumulada en materia contencioso-administrativa, social y penal aconsejan su mantenimiento», defiende Juanes. En la misma línea, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, considera que este tribunal «ha sido un referente y no se puede desaprovechar un bagaje de 35 años».
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende aprovechar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle una nueva dimensión a la Audiencia Nacional. Una cambio normativo que se conocerá en otoño, y que forma parte de un paquete más amplio de modificaciones que afecta a la estructura del Consejo General del Poder Judicial para enfado de los jueces.
La buena sintonía entre Gallardón y Juanes ha permitido que el ministro ya conozca la hoja de ruta que planea el presidente. Una proyecto que afectaría sobre todo a la Sala de lo Penal y a los seis juzgados centrales de instrucción. «Se debe perfilar más claramente el principio de territorialidad en la comisión del delito y el de organización criminal nacional o transnacional», dice el texto.
Juanes enumera, además, nuevos tipos penales a investigar como el tráfico ilegal de personas o la corrupción de menores cometida por grupos criminales en distintos territorios. El presidente considera que hasta que no se delimiten las nuevas competencias no se podrá analizar la necesidad de más medios humanos o incrementar el presupuesto. A día de hoy, la plantilla suma unos 900 funcionarios entre magistrados, secretarios judiciales, expertos en gestión y tramitación procesal, auxilio judicial y médicos-forenses. Este volumen de trabajadores es otro de los motivos que aluden los detractores.