Varias decenas de funcionarios de la Audiencia Nacional cortaron ayer, durante diez minutos, la madrileña calle de Goya frente como medida de protesta ante el recorte salarial en el sector público y contra las reformas anunciadas por el Ministerio de Justicia.
Los concentrados portaban un manifiesto en el que reclamaban la defensa del servicio público, un texto en el que denuncian la campaña de desprestigio contra los empleados públicos realizada por los distintos gobiernos. Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce también se refirió a los recortes en la Justicia en un curso sobre derechos humanos que se celebra en el coruñés Pazo de Mariñán. Tras reconocer la difícil situación económica que atraviesa España, y que «los sacrificios son para todos», Torres-Dulce pidió al ministerio de Justicia que aplique un criterio de proporcionalidad «para que no se perjudiquen ni los derechos de los ciudadanos, ni el ejercicio del Poder Judicial o la función del Ministerio Fiscal»