El fin de la violencia parece no tener vuelta atrás, pero la desaparición definitiva de la organización se antoja aún lejana
13 oct 2012 . Actualizado a las 21:23 h.«ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada». Diez palabras que ponían fin a 51 años de terrorismo, 857 muertos y miles de heridos. Eran las siete de la tarde del 20 de octubre de 2011. Los tres encapuchados anunciaban hace un año menos una semana el fin para siempre de la violencia pero no el de la existencia de la banda armada.
Una organización terrorista que, doce meses después, sigue viva, que se niega a disolverse, a entregar las armas y se empeña en seguir haciéndose presente en comunicados inflados de retórica y sin ningún nuevo gesto.
El Gobierno, que solo está dispuesto a hacer algún guiño en las cárceles si ETA desaparece formalmente, ha intensificado la dispersión del colectivo de presos terroristas y se niega, por activa y por pasiva, a sentarse a negociar.
El fin de la violencia no parece tener vuelta atrás, pero la desaparición de la banda se vislumbra aún como algo muy lejano. Si alguien esperaba que el histórico comunicado del 20 de octubre acelerara los acontecimientos, se equivocó. Los principales actores -la propia ETA, sus presos, la izquierda abertzale, los supuestos mediadores internacionales y el Gobierno- no se han movido apenas de sus posiciones.
Mariano Rajoy garantizó que nada iba a cambiar y el Ministerio del Interior, dirigido desde Navidad por Jorge Fernández Díaz, se afana en cumplir esa promesa.
Los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil trabajan con la misma intensidad que si ETA estuviera activa y no se ha desmontado ninguna de las estructuras antiterroristas, según las fuentes consultadas.
Aunque la inactividad ha provocado un bajón importante en las detenciones, solo 26 desde el alto el fuego definitivo, algunas operaciones, como la captura en mayo en Aquitania del enésimo jefe militar de la banda, Oroitz Gurrutxaga, dan buena cuenta de que la guardia sigue bien alta y que no hay concesiones. La continua renovación de las listas de los terroristas más buscados por las fuerzas de Seguridad confirman que las investigaciones sobre los restos del naufragio de la organización continúan.
A pesar del alto el fuego definitivo, los servicios de Información sitúan a una treintena de militantes en la «vanguardia» de una ETA que languidece en Francia sin apenas recursos y más dedicada a su supervivencia diaria que a otra cosa. Otros 110 activistas con causas pendientes, los mismos que hace un año, siguen repartidos por Venezuela, Cuba, México, Cabo Verde, Argentina, Portugal, o Suiza. Interior insiste en que, pese a las informaciones sobre la existencia de un plan para incentivar el retorno de huidos sin causas, no hay «nada de nada».
El gran tablero carcelario
Al margen de la lucha antiterrorista, la mayoría de los analistas apuntaron en octubre de 2011 que el fin definitivo de la banda terrorista se iba a jugar en la cancha de las cárceles. Hoy hay todavía 453 presos fieles a la ortodoxia de ETA repartidos en 48 prisiones. Un gran tablero en el que se esperaban movimientos, pero en el que apenas sí se han alterado posiciones. El campo penitenciario es el único en el que Gobierno estaría dispuesto a hacer un gesto limitado a acercamientos más o menos colectivos, pero siempre a cambio de la disolución de la organización e incluso a la entrega de las armas. Pero ETA, en su puñado de comunicados desde que anunciara que no volvería a matar, no ha dado la más mínima señal en este sentido e Interior no ha hecho ningún acercamiento notable.
Es más, en los últimos meses ha intensificado la dispersión. El departamento de Fernández Díaz no ha dudado en mostrar su firmeza, incluso alejando a teóricos «díscolos» con la ortodoxia de ETA, a los que Alfredo Pérez Rubalcaba había acercado dentro de su plan de cárceles laboratorios donde concentró y alentó la disidencia. Más de medio centenar de estos reclusos rebeldes han sido llevados a centros alejados del País Vasco.
Doce meses después de la declaración del cese definitivo de la banda terrorista, el colectivo de internos está más disperso que nunca. Es la respuesta de Interior al EPPK (el colectivo de presos políticos vascos), que en julio se embarcó en una nueva campaña para pedir la ayuda de mediadores internacionales contra el «bloqueo» de su situación y contra lo que califican como «estrategia política perversa» de los gobiernos español y francés.
El Ejecutivo quiere que el colectivo que mantiene bajo control a los reclusos tenga la certeza de que la única vía para que los presos mejoren sus condiciones es que se acojan al denominado «Plan Integral de Reinserción», presentado el 26 de abril, y que recoge que podrán cumplir su condena en Euskadi si firman una ruptura «pública» con la banda, aun si pedir perdón a sus víctimas. Casi seis meses después, ni uno solo se ha acogido a la oferta, criticada por las asociaciones de víctimas.
Caballo de batalla
A pesar de que no se ha producido ningún cambio en la política penitenciaria, la izquierda abertzale y ETA han hecho de los presos su caballo de batalla, quizá conscientes de que sus exigencias políticas son inalcanzables. El mundo radical vasco celebró la controvertida excarcelación en septiembre del etarra enfermo Josu Uribetxebarria Bolinaga como una victoria. Pero el Ministerio del Interior, que insistió en que la puesta en libertad del secuestrador de Ortega Lara nada tenía que ver con una cesión, no tiene la más mínima intención de dejar en la calle a los otros trece reclusos que, según los colectivos de familiares, sufren enfermedades incurables. «Solo va a haber gestos individuales y solo si hay ruptura explícita del recluso con ETA. Y únicamente habrá movimientos colectivos si ETA -insisten en el departamento de Jorge Fernández Díaz- desaparece»
Pero, en la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana de Madrid, no esperan nada de la banda. Sus comunicados durante este último año son solo «retórica pura» e «intentos por pasar la presión al Gobierno», explican mandos de la lucha antiterrorista, que no ven un solo indicio que haga prever una disolución. El pasado 27 de septiembre, en su comunicado con motivo del Gudari Eguna (Día del Soldado Vasco) ETA volvió a una vez más a acusar a España y Francia de «alimentar el conflicto». «Y nada más», apuntan.
Y entre tanto, el grupo de mediadores internacionales, los mismos que promovieron por encargo de la izquierda abertzale en octubre del año pasado la conferencia de Aiete, en San Sebastián, la que dio pie al alto el fuego definitivo, agoniza en el olvido. Los llamamientos de Kofi Annan, Bertie Ahern, Gerry Adams, Pierre Joxe o Gro Harlem Bruntland fueron ignorados por el Gobierno y poco a poco su papel se ha diluido.
Como el del abogado sudafricano Brian Currin, el gran hacedor entre bambalinas del tan ansiado anuncio, y al que el Ejecutivo no reconoce ni como interlocutor, máxime por su defensa cerrada de que no hace falta reclamar a ETA su fin como organización.
Sin el anuncio de disolución, insisten en el Gobierno, no habrá conversación que valga. Doce meses después del 20 de octubre de 2011 el Ejecutivo defiende, como entonces, que jamás se sentará con ETA, más allá de discutir cómo se realizará la entrega de armas. La mera existencia de ETA un año después de decretar el fin de la violencia, explican los responsables de Interior, bloquea cualquier avance.