La mafia china tenía inmuebles en Becerreá, Sarria y Carballo y quería crear un imperio «al estilo Zara»

La red de blanqueo de dinero liderada por el chino Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador posee al menos 130 inmuebles y 120 vehículos repartidos por la geografía española, de los que el fiscal Anticorrupción ha pedido el embargo al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Tres de esas propiedades se ubicaban en Galicia, en Becerreá, Sarria y Carballo.

Además, el objetivo final de la red era crear un imperio textil «copiando el estilo Zara». Así aparece en el sumario extraído de conversaciones mantenidas por Gao Ping y uno de sus hombre de confianza, Lin Wei. Para ellos era muy importante este proyecto, al frente del cual Gao Ping quería colocar a su mujer y a la mujer de uno de sus colaboradores, Yongping Xia, según recoge Abc. Todo apunta a que la creación de un emporio «la estilo de Zara» no convecía a todos los miembros de la organización y así queda de manifiesto en el sumario cuando en alguna de las conversaciones otro de los colaboradores de Gao Ping considera que no están capacitados porque las empresas españolas están mal administradas y están poniendo en venta en agosto artículos que ya habían recibido en mayo.

La ambición de Gao Ping, que en los últimos tiempos se aficionó a los negocios relacionadas con el arte, también pasaba por exportar a África hierro, vender alimentos y ropa a Guinea Ecuatorial, e introducir en el mercado español bombillas de bajo consumo fabricadas en China.

Elevado número de propiedades

En un informe contenido en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía solicita el embargo de las 130 viviendas, los 120 vehículos y las cuentas bancarias de los detenidos en esta operación y de las sociedades que presuntamente usaron para blanquear millones de euros. Según la Fiscalía, el embargo de estos inmuebles, ubicados en casi todas las comunidades autónomas y en numerosas provincias, no es tanto para asegurar futuras responsabilidades económicas en caso de condena, sino porque el ministerio fiscal los considera «procedentes del delito de blanqueo de dinero o bien objeto en sí de dicho blanqueo».

La mayoría de los inmuebles (unos 45) están en Madrid, 18 de ellos en la capital, así como en Alcalá de Henares y Navalcarnero, con tres en cada una de estas localidades, y en Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla y Pozuelo de Alarcón, todas ellas con dos viviendas o locales.

En la Comunidad de Madrid, la red de Gao Ping también tiene inmuebles en Algete, Ciempozuelos, Majadahonda, Algete, Pinto, Rivas, Getafe, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones, Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Los miembros de esta supuesta trama de blanqueo de capitales, sospechosa asimismo de delitos de extorsión, inmigración ilegal o prostitución, tienen una decena de inmuebles en Cataluña, en concreto tres en la ciudad condal, uno en Puigcerdá (Girona), otro en Tortosa (Tarragona), dos en Mataró y uno en Granollers (Barcelona).

En Andalucía, la red posee una docena de viviendas o locales: dos en Málaga, uno en Marbella, uno en Benalmádena, uno en Fuengirola, uno en Córdoba, otro en Sevilla, tres en Granada y dos más en Cádiz (en Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María), entre otros.

Destacan los ocho inmuebles que tienen en la Comunidad Valenciana, cuatro de ellos en Valencia y el resto repartidos en diferentes localidades de la región.

En el norte de España, el fiscal ha pedido el embargo de cuatro viviendas o locales en el País Vasco (Bilbao, Guernica, San Sebastián y Vergara), tres en Navarra (Estella, Tafalla y Tudela), tres en Galicia (en Becerra, Sarria y Carballo) y cinco en Burgos (tres en la capital, una en Briviesca y otra en Castrojeriz), además de otras en Palencia o Teruel.

En las islas la trama liderada por Gao Ping tiene inmuebles en Baleares, concretamente en Palma, Mahón y Manacor, y en Canarias (tres en Gran Canaria y uno en Santa Cruz de Tenerife).

Además de estos inmuebles, la Fiscalía también ha reclamado el embargo de los vehículos propiedad de las personas y empresas implicadas en la red, alrededor de 120 y muchos de alta gama, que ha sido acordado por el juez Fernando Andreu.

Entre ellos destacan cuatro vehículos tipo «quad» del actor porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal y que fue detenido en la operación, quien también tiene dos motocicletas, un camión, un cuatro por cuatro (este a nombre de su empresa Vidal Production) y un turismo.

Asimismo, el juez ha accedido a la petición fiscal de embargo de las acciones y participaciones de las empresas relacionadas con la red, así como el bloqueo de numerosas cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública u otros activos financieros, y de las cajas de seguridad que puedan poseer en diferentes entidades bancarias

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