El juez procesa a Rambla, que fue vicepresidente de Camps, por prevaricación

Entre las innumerables derivaciones del caso Gürtel está la que afecta a las contrataciones que la Generalitat valenciana hizo con Orange Market -empresa de la trama corrupta- relativas a la feria Fitur y que, como una de sus piezas separadas, conduce a la causa de la financiación irregular del Partido Popular valenciano. Las sociedades de Francisco Correa recibieron casi cinco millones de euros en las ediciones del certamen que van del 2005 al 2009, con Francisco Camps como presidente de Gobierno autónomo y con la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) entregada a los caprichos y exigencias del equipo de Correa, a pesar de las reiteradas advertencias del síndico de Cuentas. Según el TSJCV (Tribunal Superior de de Valencia), el instructor José Francisco Ceres acordó procesar a Vicente Rambla -vicepresidente con Camps- y a las entonces consejeras Milagrosa Martínez y Angélica Such por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. El juez cierra así las pesquisas sobre las adjudicaciones a Orange Market referidas al pabellón valenciano instalado en las ferias de Fitur en los años antes mencionados. Los tres políticos forman parte en la actualidad del grupo popular en las Cortes regionales -gravemente tocado por las distintas imputaciones judiciales en marcha-, aunque ya en octubre Rambla y Such fueron apartados por el presidente del partido, y de la Generalitat, Alberto Fabra, de sus responsabilidades en la dirección parlamentaria popular.

Ceres ve indicios de delito de cohecho pasivo en las exresponsables de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Además, observa indicios de delito de cohecho activo en los principales cabecillas de Gürtel Francisco Correa, el pontevedrés Pablo Crespo -que fue secretario de organización del PP gallego- y Álvaro Pérez el Bigotes. Además, les imputa tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude a la Administración pública y falsedad documental, junto con Mónica Magariños, Isabel Jordán y Cándido Herrero, también adscritos a Orange Market.

Rafael Betoret

Entre los señalados se halla otro viejo conocido de la crónica judicial: Rafael Betoret, quien entonces era jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y que fue de los pocos que aceptó condena al reconocer haber aceptado regalos de la red Gürtel en el muy popular caso de los trajes, por el que se juzgó -y absolvió- a Camps y a Ricardo Costa. Al parecer, entre los cometidos de Betoret, estaba trasladar a los empleados de la AVT, de la mano de la consejera, las órdenes e indicaciones necesarias para redactar los pliegos de condiciones de contratación adecuados a las exigencias de la trama Gürtel y que garantizase la adjudicación a Orange Market, incluso facilitando la intervención directa de sus responsables en la redacción.

En la conducta de Betoret halla Ceres indicios de tráfico de influencias, prevaricación y malversación, como en otros tres empleados públicos de la AVT: el jefe de promoción, Jorge Guarro; la coordinadora de ferias, Ana Grau, y el jefe de mercados y comunicación, Isaac Vidal. Asimismo, aprecia indicios de prevaricación en el jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat, Juan Bover.

---

---

---