La negativa de la Fiscalía a un pacto acerca más a Urdangarin a la cárcel

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

«Ni el rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado», dice Torres-Dulce

15 ene 2013 . Actualizado a las 09:52 h.

Un no rotundo que deja a Iñaki Urdangarin muy cerca de las puertas de la cárcel. La negativa tajante del máximo responsable de la Fiscalía a un apaño extrajudicial para retirar los cargos contra el yerno del rey complica hasta el extremo su situación procesal y hace improbable que el duque pueda sortear la prisión, habida cuenta de las numerosas pruebas y las cada vez más variadas imputaciones a las que se enfrentará en breve.

Eduardo Torres-Dulce no se anduvo por las ramas. «Ni el rey me lo habría propuesto ni yo lo habría aceptado», dijo. Por primera vez y de manera categórica desde el inicio de la instrucción del caso Nóos, garantizó que no habrá un acuerdo de conformidad con Urdangarin que le evite el banquillo. El jefe del ministerio público desmintió así la posibilidad de un pacto sobre el que se especula desde primavera. Fue en mayo cuando las defensas del duque de Palma y de su exsocio Diego Torres reclamaron una reunión con Anticorrupción para tratar de evitar las imputaciones a cambio de devolver parte de los seis millones de euros públicos desviados a los bolsillos de los dueños del Instituto Nóos. La Fiscalía, que hace ocho meses estaba dispuesta a escuchar a los abogados, ahora no quiere ni oír hablar del asunto. «Lo que más puede dañar a la imagen de la Corona es que puedan existir sospechas» de que se negocia, explicó Torres-Dulce en una entrevista en Antena 3.

«Los hechos están claros y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio y ninguna actividad extravagante a la procesal va a llevar a la Fiscalía a negociar en modo alguno», zanjó antes de insistir en que el «propósito» del departamento que dirige «es no hacer ninguna oferta de conformidad». «Y veo difícil el horizonte de aceptar una conformidad con cualquiera de las partes del proceso», apostilló.

Fue el primer anuncio oficial de que no habrá componendas caiga quien caiga, pero lo cierto es que los responsables de Anticorrupción tenían claro desde hace casi un año que cualquier acuerdo extraprocesal o la aplicación de cualquier atenuante al duque iba a ser imposible sin saltarse la legalidad. Según responsables del ministerio público, el pasado 25 de febrero, cuando el marido de la infanta declaró en los juzgados se cerró la puerta a cualquier pacto. Hasta entonces, los fiscales habían contemplado la posibilidad de algún eximente si el expresidente del Instituto Nóos se avenía a colaborar y, acogiéndose a la figura del «arrepentimiento espontáneo», reconocía todo y revelaba las cuentas a las que fue a parar el dinero de las Administraciones balear y valenciana. Pero ocurrió lo contrario. Lo negó todo y culpó de las irregularidades a su antiguo socio.

Nuevos cargos

Si entonces la situación ya era mala, ahora es peor para el duque. El propio Torres-Dulce adelantó ayer que su departamento estudia imputaciones ampliatorias de delitos a las personas ya encausadas en la pieza 25 del caso Palma Arena. Se refería sin citarlo a la intención de ampliar de cuatro a seis, o quizás siete, los delitos por los que quiere sentar en el banquillo a Urdangarin. A los ya oficiales cargos de fraude a la Administración, falsedad documental y prevaricación, sumará los de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, quizás, el de tráfico de influencias. Unas acusaciones que se mueven entre los 7 y 26 años de cárcel. Mucho más de los dos años que librarían al yerno del rey de entrar en prisión por su falta de antecedentes penales en caso de una condena que Anticorrupción cree «segura» habida cuenta «de la contundencia de las pruebas documentales y testificales».

Torres-Dulce reveló que la Fiscalía quiere dejar plasmados esos indicios en un escrito de calificación que ponga fin a la instrucción del caso «antes de verano», ya que aborda «la recta final de la investigación». Así, Urdangarin podría sentarse en el banquillo el próximo año, siempre y cuando «no se complique la última fase de la investigación» y se produzcan nuevas «imputaciones».