El diputado autonómico y secretario general de CDC abre la puerta a su dimisión en caso de ser imputado.
04 feb 2013 . Actualizado a las 21:55 h.La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga una supuesta trama corrupta en la adjudicación de estaciones de ITV que remita el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que impute al secretario general de CDC y diputado en el Parlament, Oriol Pujol.
En su escrito, el fiscal señala que hay suficientes indicios para la imputación de Oriol Pujol en un delito de tráfico de influencias, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que investiga el caso, le pidiera que se pronunciara sobre esa cuestión.
El fiscal, Fernando Maldonado, ha contestado hoy al requerimiento de la juez instructora en un informe en el que apunta indicios que relacionan al diputado convergente con un intento de adjudicación fraudulenta de estaciones de ITV a empresarios próximos a él, que no llegó a consumarse.
La juez deberá remitir ahora el caso al TSJC, instancia a la que corresponde resolver si cita a declarar como imputado al dirigente convergente por su condición de aforado, dado que es diputado en el Parlament y ejerce de portavoz del grupo de CiU en la Cámara catalana.
En una primera reacción, poco después de conocerse la solicitud de la Fiscalía, Oriol Pujol, que participaba en una reunión de su partido, ha afirmado que, si finalmente le imputan, le servirá para poderse defender de una acusaciones de tráfico de influencia que hoy ha vuelto a negar.
Pujol ha afirmado que es consciente de que la opinión pública tiende a equiparar imputado con culpable, aunque no sea así, y que entiende que «nadie debe estorbar en el proceso histórico que ha iniciado CDC», con lo que abre la puerta a su posible dimisión en caso de que se confirme la imputación.
En esta investigación, que se inició en verano de 2011 a raíz de una conversaciones intervenidas en el llamado «caso Campeón», la juez busca averiguar si la trama de empresarios y cargos de la Generalitat imputados trataron de influir para amañar en su beneficio un concurso de adjudicación de estaciones de ITV que estaba recurrido ante los tribunales.