Torres-Dulce plantea la posibilidad de limitar la información sobre un proceso
16 abr 2013 . Actualizado a las 10:27 h.Es un tema sensible para la clase política y, especialmente, para el PP, que actualmente tiene decenas de cargos y excargos públicos incursos en procesos judiciales. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya había hablado en ocasiones de las dobleces del término imputado (y sus implicaciones semánticas), y ayer, en un foro del diario La Razón, anunció que, «en una próxima reforma legislativa, se cambiará la denominación de imputado por la de encausado». El asunto es espinoso y tiene que ver con la facilidad con que se confunden las responsabilidades penales y las políticas. Y también, sostienen los afectados, está relacionado con cómo se informa en los medios de comunicación sobre ello. Un aspecto que trató horas antes, y en una muestra de compenetración, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la Comisión de Justicia del Senado, donde presentó la memoria del 2011.
Hace algún tiempo que Gallardón agita esta preocupación en sus intervenciones públicas. Las filtraciones a los medios de datos de procesos judiciales en marcha -asegura- pueden perjudicar las investigaciones del instructor y hasta lesionar los derechos de las personas implicadas en el sumario. Y, por tanto, sería bueno limitar en ciertos casos el derecho a la información, sostiene el ministro, partidario de establecer sanciones severas para los responsables de que las actuaciones judiciales queden al descubierto (ya dijo que la reforma de la ley recogerá esas sanciones).
Ayer Torres-Dulce abonó estas tesis al defender un derecho a la información matizado. El responsable del ministerio público instó al Gobierno y al Parlamento a promover una reflexión sobre las filtraciones en los procesos judiciales porque, advirtió, «comprometen» los derechos de los implicados. Es más, preguntado por la prensa, recordó que el derecho francés penaliza la publicación de los sumarios declarados secretos. Aun así, admitió las dificultades que comporta esta tarea: «Informar sobre los procesos es esencial. El derecho a la información es absolutamente esencial. Trascender más allá de ese derecho es donde hay que decidir».