En Galicia hacen falta tres jueces, un secretario y ocho funcionarios más
26 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La epidemia de corrupción que invade el país hace que los tribunales necesiten refuerzos con urgencia. Un estudio realizado por el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que dio cuenta ayer al pleno su presidente, Gonzalo Moliner, cifra en 798 los órganos judiciales que tramitan en la actualidad causas de especial complejidad y de gran repercusión mediática.
Las medidas que propone el propio servicio de inspección del Consejo son la implementación «coyuntural y puntal» de 64 nuevos jueces de refuerzo, sin perjuicio de que se mantengan los 16 jueces de adscripción territorial y los 11 de refuerzo actuales. También se aboga por que se recabe del Ministerio de Justicia y de las consejerías de las autonomías con competencias en la materia el nombramiento de 18 secretarios judiciales más y 150 funcionarios de distintas categorías para agilizar la tramitación procesal de los asuntos más complejos.
Las necesidades de Galicia, según fuentes conocedoras del informe, se cuantifican en tres jueces de refuerzo, un secretario y ocho funcionarios más.
Peritos para la Audiencia
De los departamentos de Interior y de Hacienda reclaman que las unidades adscritas agilicen los encargos judiciales y la creación de una unidad permanente de peritos adscrita a la Audiencia Nacional.
El estudio encargado por Moliner el pasado 24 de enero, y que recoge las necesidades puestas de manifiesto por los jueces afectados, a través de sus respectivas salas de gobierno, cifra en 2.173 procedimientos los considerados de especial complejidad. De ellos, 1.661 corresponden a causas que afectan a tipos penales relacionados con el fenómeno de la corrupción tales como receptación, blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios y delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales. Hasta 302 pueden ser considerados como macroprocesos. Además, se hallan en trámite otros 512 macroprocesos de extrema complejidad, como son algunos de narcotráfico, o blanqueo relacionado con el tráfico de drogas.