El Gobierno dejará de tener en cuenta la inflación para actualizar tarifas, convenios y alquileres de la Administración
27 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.«No querían elevar a 69 la edad de jubilación y ahora dicen que a 70. No querían congelar un año las pensiones y ahora quieren no actualizarlas por ley», denunció ayer el exministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez. Se refería a una de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Reformas: la ley de desindexación de la economía española. Esto significa que el IPC dejará de ser la referencia para actualizar ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las Administraciones públicas. En lugar del índice de precios al consumo de turno (que en marzo se situó en el 2,4 %) se aplicará otro baremo para cuya formulación se tendrá en cuenta el nivel de inflación del 2 % considerado por el Banco Central Europeo como estabilidad de precios.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negó que ese cambio de índice afecte a la actualización de las pensiones. Pero Valeriano Gómez lo tiene claro: las rentas de «nueve millones de pensionistas van a dejar de estar vinculadas al IPC».
Sáenz de Santamaría precisó que esa ley que desvincula la revisión de precios de la inflación afectará a los contratos públicos. Se trata con esto de limitar la «influencia sobre la economía española de importantes perturbaciones de origen exógeno» y, de paso, conseguir que «la inflación esté más cercana a los fundamentos de la propia economía».
El Gobierno tiene previsto aprobar a finales de mayo el anteproyecto de ley de desindexación, de modo que pueda entrar en vigor en enero del 2014, cuando se actualizan la mayor parte de los precios.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no dejó claro si con la reforma se acabará con la práctica de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. Sí negó que el Gobierno quiera elevar la edad legal de jubilación a los 70 años. «El proyecto del Gobierno no va nada por ahí y, por tanto, conviene clarificar esto», ya que, a su juicio, hay otras muchas cosas por hacer para mejorar el futuro del sistema público de pensiones.
El ministro de Hacienda también recordó que el comité de expertos creado por el Ejecutivo está trabajando para elaborar un informe sobre cómo se ha de implantar en España el factor de sostenibilidad.
Administración local
El plan de reformas incluye, además, un proyecto de ley para racionalizar la Administración local, con el fin de ahorrar 8.000 millones entre el 2014 y el 2015. Será una «reforma estructural de competencias para evitar duplicidades», según Montoro. Uno de los extremos incluidos en esta propuesta afectará a los convenios a través de los cuales el Estado financia a comunidades autónomas y ayuntamientos por la prestación de ciertos servicios. Montoro admitió que se reducirán las partidas.