El Ministerio Público solicita una pena de cárcel de 13 años y medio para Roca y tres para Marisol Yagüe
27 may 2013 . Actualizado a las 23:33 h.La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una condena de 15 años y medio de cárcel al exalcalde del Ayuntamiento de Marbella Julián Muñoz, actualmente en prisión, en el marco del juicio por el caso 'Saqueo II' derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999.
Inicialmente, Anticorrupción pedía una pena de cárcel de 13 años y medio por la presunta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social, delitos a los que ha añadido el de asociación ilícita.
Para el exgerente de la sociedad Planeamiento 2.000 y principal acusado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, el Ministerio Fiscal ha pedido una pena de 13 años de cárcel por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y un delito contra la Seguridad Social y para la ex primera edil Marisol Yagüe ha rebajado en seis meses la petición de pena, solicitando finalmente tres años de cárcel por malversación de caudales públicos.
En cambio, el Ministerio Público ha solicitado para el también ex alcalde de Marbella Pedro Román, para quien inicialmente había pedido 11 años de cárcel, una condena de 13 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita y un delito contra la Seguridad Social.
Las penas que solicita el Ministerio Público para los imputados en esta causa oscilan entre los tres y los 15 años y medio de cárcel, y ha levantado la imputación a tres exempleados de sociedades municipales de Marbella: Francisco Javier Herrera, Francisco Merino y Eduardo Gonzálvez.
En la lectura de conclusiones y ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), el fiscal José Grinda ha imputado a los acusados los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social y ha añadido la comisión de un delito de asociación ilícita y el atenuante de dilaciones indebidas.