El Gobierno nombra a Enrique López y González-Trevijano como magistrados del Tribunal Constitucional

El Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros el nombramiento de Enrique López y Pedro González-Trevijano Sánchez como magistrados del Tribunal Constitucional. Los nuevos magistrados del tribunal de garantías constitucionales sustituyen a Pablo Pérez-Tremps y Manuel Aragón Reyes, cuyo mandato comenzó el 8 de junio de 2004 y ha expirado.

Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la renovación del alto tribunal se hace por tercios y recordó que este año correspondía la elección de dos magistrados por parte del Gobierno y otros dos por parte del Consejo del Poder Judicial. «Estos pasarán, una vez cumplidos los requisitos, a integrar el TC a propuesta del Gobierno», precisó la vicepresidenta. En el caso de los que corresponden al Gobierno, este ha elegido a Pedro González-Trevijano, actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Santamaría destacó de él su labor «educadora y docente» y explicó que es autor de «numerosas y extensas publicaciones» relativas al derecho público y constitucional. Por lo que se refiere a Enrique López, recordó que se trata de un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y es un «jurista de reconocido prestigio» con una «amplia trayectoria», de la que destacó haber accedido a la plaza de juez un año después de terminar la carrera de derecho y su «experiencia importante en el ámbito de Gobierno del CGPJ» por haber sido letrado y portavoz del mismo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy el nombramiento de Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Juan Antonio Xiol es en la actualidad presidente de la sala primera o de lo civil del Tribunal Supremo, mientras que Santiago Martínez Vares es magistrado emérito de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal. La elección se ha producido en un pleno extraordinario convocado esta mañana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ambos magistrados han obtenido 18 votos.

Los dos nuevos magistrados del Constitucional que ha nombrado el CGPJ sustituirán al presidente del tribunal, Pascual Sala, y a su vicepresidente, Ramón Rodríguez Arribas. Ambos fueron nombrados por el órgano de gobierno de los jueces hace nueve años, por lo que han cumplido su mandato y deben ser sustituidos.

Los dos magistrados que ha nombrado el Gobierno sustituyen a Pablo Pérez-Tremps y a Manuel Aragón Reyes, cuyo mandato comenzó el 8 de junio de 2004.

Giro conservador en el alto tribunal

La renovación del Tribunal Constitucional abordada por el Gobierno provocará un giro ideológico conservador en una institución que debe revisar, entre otros, los recursos contra la Ley del Aborto o los ajustes sociales del propio ejecutivo, además de medidas como el euro por receta.

El nombramiento de Enrique López y de Pedro González Trevijano como nuevos magistrados inclinará la balanza hacia una tendencia conservadora, pues sustituyen a Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, progresistas nombrados por el Gobierno de Zapatero.

El constitucionalista Pedro González-Trevijano es rector de la Universidad Rey Juan Carlos y su orientación conservadora es menos clara que la de Enrique López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal -y portavoz- del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.

Con estas designaciones, el tribunal de garantías pasará de una mayoría de sensibilidad progresista de siete a cinco a otra conservadora exactamente inversa.

Aunque el Consejo General del Poder Judicial ha designado también hoy a dos nuevos magistrados del TC, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez Vares, ellos sustituyen a dos magistrados de perfiles ideológicos iguales, de modo que su incorporación no varía las mayorías dentro del Constitucional.

Será este nuevo Constitucional el que se ocupe de asuntos como la Ley del Aborto, los ajustes sociales en materia de Sanidad o Educación del ejecutivo de Mariano Rajoy, la reforma laboral o el recurso de Arnaldo Otegi contra su encarcelamiento por el Caso Bateragune.

Por lo que respecta a los ajustes, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos validar o rechazar el grueso de las medidas aplicadas por el Gobierno central o los autonómicos para reducir el déficit del gasto público en relación con la crisis económica, y de su decisión dependerán miles de millones de euros.

Decisión final sobre los recortes

Los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado desde 2012 en sanidad, educación o pensiones han sido recurridos ante el Constitucional por la oposición o los gobiernos de Andalucía, Asturias, Navarra (en este caso fue el Parlamento quien recurrió), Cataluña, País Vasco y Canarias.

En 2012 el Gobierno cifraba en 10.000 millones de euros, 7.000 para sanidad y 3.000 para educación, el ahorro que podrían conseguir con los recortes en ambos pilares del Estado del bienestar que aprobó entonces.

Además, el Constitucional tiene pendiente decidir sobre otra medida de la que dependen miles de millones de euros, la eliminación de la paga extra para los trabajadores del sector público, cuya naturaleza eventualmente retroactiva llevó a cuestionarla ante el alto tribunal a la Audiencia Nacional.

Paga extra de funcionarios

El TC admitió a trámite hace semanas una cuestión de constitucionalidad sobre la posible naturaleza retroactiva (y, por tanto, inconstitucional) de esa medida, y la resolución de esa cuestión afectará, con toda probabilidad, a todos los empleados públicos y funcionarios.

A esos recursos hay que sumar otros, como los presentados contra la reforma laboral, las nuevas tasas judiciales o la no actualización de las pensiones.

Otros ajustes, aprobados por los gobiernos autonómicos en aplicación de los recortes a los que se ven obligados por el Gobierno central para controlar su déficit fiscal, como el euro por receta aplicado por Cataluña y Madrid, también están pendientes de resolución del TC, en este caso porque han sido recurridos por el propio ejecutivo central.

Ley del aborto

En cuanto a la Ley del aborto, el Constitucional, que tiene admitidos a trámite dos recursos, los que presentaron el Partido Popular y el Gobierno de Navarra, ya se negó a suspender la norma en tanto no resuelve sobre el fondo del asunto.

Por lo que respecta a Arnaldo Otegi, el Constitucional acaba de negarse a suspender su estancia en prisión. Otegi seguirá por tanto en la cárcel mientras el TC resuelve sobre el recurso que presentó contra la condena a seis años y medio que le impuso el Supremo por intentar reconstruir el entramado de Batasuna.

La suerte de Otegi

Uno de los ponentes de las sentencias sobre Otegi y el también dirigente abertzale Rafael Díez Usabiaga es, precisamente, uno de los magistrados salientes, Pascual Sala, presidente del TC y de la Sala Primera, la que debe entender de este asunto. Además, en esa sala también deja hoy una vacante otro magistrado saliente, Manuel Aragón.

El caso de Otegi y Usabiaga debería revestir cierta urgencia, según han reconocido fuentes del propio tribunal a Efe, pero la renovación podría alargar los plazos

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