División en el PSOE sobre la oportunidad de apoyar el proyecto gubernamental de adelgazamiento del sector público
24 jun 2013 . Actualizado a las 10:51 h.Soraya Sáenz de Santamaría tendrá la oportunidad este martes de defender el proyecto de reforma de las administraciones públicas ante la canciller alemana Angela Merkel. La vicepresidenta participará junto a la jefa del Ejecutivo germano en la clausura de un congreso de la CDU, Unión Cristianodemócrata, en Berlín y expondrá la agenda reformista del Gobierno de Mariano Rajoy.
La reducción de las administraciones públicas fue una de las exigencias de Bruselas a España para evitar los recortes en sectores de alta sensibilidad social, como las prestaciones por desempleo o el sistema de pensiones.
El Gobierno de Rajoy acudirá ahora al Consejo Europeo del 27 y 28 de junio con buenas parte de los deberes hechos, pero antes que el presidente del Gobierno se reúna con sus pares europeos, Sáenz de Santamaría expondrá a Merkel, con quien se reúne por segunda vez en tres meses, los objetivos de la reforma del sector público, una medida con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 37.700 millones de euros en tres años y adelgazar el tamaño de la administración.
Pero si la medida tiene garantizada una buena acogida en Europa no ocurre lo mismo de puertas adentro. El PSOE es la única formación que se ha mostrado dispuesta a pactar con el Gobierno las medidas, aunque esta predisposición de Alfredo Pérez Rubalcaba tiene contestación interna.
Este nuevo acercamiento al PP después del pacto para el Consejo Europeo de esta semana preocupa a algunos dirigentes, que ven un exceso de seguidismo de la acción gubernamental en estos respaldos que desdibujan su perfil de oposición. Argumentan, además, que la medida tiene un fuerte aroma a recentralización y desarticulación del Estado de las Autonomías.
Rubalcaba, sin embargo, transmitió a Mariano Rajoy en el encuentro que mantuvieron el jueves en la Moncloa que el PSOE tiene la mano tendida para alcanzar un entendimiento porque, en principio, comparte la tesis de la necesidad de un adelgazamiento de la administración pública. Fuentes del entorno del líder de la oposición mostraron, no obstante, su temor a que pase lo mismo que con la reforma local, en la que los socialistas tuvieron la intención inicial de pactar, pero cuando comprobaron el alcance de la reestructuración dieron marcha atrás porque el objetivo, a su juicio, era privatizar servicios sociales que prestan los ayuntamientos.
Una de las fuerzas más reticentes es CiU, que hoy adelantó que su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, presentará una propuesta para que el Gobierno suprima los Ministerios de Sanidad y Cultura, así como un centenar de organismos estatales, porque carecen de funciones al estar sus competencias transferidas a las comunidades. La reforma que plantea el Gobierno para que las autonomías liquiden entes, instituciones y observatorios de todo tipo es un ejemplo de «involución autonómica», en palabras del vicesecretario general de Unió Democrática, Antoni Font.
«Con la excusa de la reforma de la administración -prosiguió- no hace otra cosa que una operación de recentralización involucionista y poco democrática».
Locura
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de IU en esa comunidad, Diego Valderas, tildó a su vez de «locura» el proyecto porque invade competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. Señaló que con el ahorro que se pretende lograr se paga el rescate de 40.000 millones a la banca que España tendrá que devolver, entre otros, al Banco Central Europeo.
IU, además, ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno en la que pide explicaciones por la propuesta de suprimir el Consejo de la Juventud de España, un organismo formado por los consejos de las comunidades autónomas y las organizaciones juveniles de los partidos, para integrarlo en el Instituto de la Juventud. La diputada de la coalición Caridad García indicó que se trata de una operación para «eliminar» a los organismos que «no están bajo el control» del Gobierno y que desarrollan una política autónoma de las directrices gubernamentales.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad rechazó que las intenciones sean las apuntadas por IU. Se trata, respondieron desde el Ministerio, de una integración por motivos de «eficiencia», pero «no ideológicos», y para reducir «el entramado institucional».