Advierte dilación indebida en la instrucción del caso de los ERE y «exige un calendario razonable» que garantice los derechos de los imputados
10 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El ministerio público da un nuevo tirón de orejas a Mercedes Alaya en tanto que entiende que se está produciendo una demora indebida en la instrucción del sumario de los ERE fraudulentos pagados con dinero público de la Junta andaluza. Así, la Fiscalía de Sevilla solicitó a la jueza que fije cuanto antes un «calendario razonable» de declaraciones para la última veintena de personas imputadas por el fraude de las ayudas autonómicas a empresas en crisis y que de esta forma los acusados puedan conocer los hechos delictivos que se les están achacando.
Se refiere el Ministerio Fiscal a los 20 cargos y ex altos cargos que fueron imputados en un reciente auto de Alaya, y entre los que se halla quien fue consejera de Economía y Hacienda de Anadalucía entre los años 1994 y 2004 -y actualmente ejerce como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, Magdalena Álvarez. Hasta el momento, Alaya únicamente ha establecido la fecha de la comparecencia del exinterventor general regional Manuel Gómez Martínez, que habrá de declarar el próximo 25 de julio. Además, ha imputado al viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano Peña, como director general de Presupuestos entre abril del 2002 y abril del 2009.
La Fiscalía ya expresó en otras ocasiones su rechazo frontal a que la causa siga acumulando acusados que aguardan desde hace hasta tres años para declarar, por lo que subraya que es absolutamente necesario «avanzar en la instrucción a la vez que se protegen los derechos y las garantías de todos los imputados» en un proceso judicial que considera que se está dilatando excesiva e innecesariamente en el tiempo.
Por ello, en el escrito que ha elevado a la jueza y que se conoció ayer, insta a Alaya a que -«dada la gran complejidad y la extensión que ha ido tomando el caso»- no solo acelere las diligencias sino que además acepte la ayuda de un juez de refuerzo, una cuestión rechazada de plano por la magistrada -muy celosa de que se le escape el control del sumario- y que ya ocasionó muchos problemas y conflictos con los jueces que la sustituyeron durante los muchos meses que estuvo de baja laboral por fuertes cefaleas.
Quebranto de fondos
En su misiva, la Fiscalía de Sevilla insiste además en que, «atendiendo a la complejidad de la causa en sí», cuente con el auxilio jurisdiccional de expertos en gestión económica, financiera y contable del sector público, una función que «pudiese ser desempeñada de forma idónea» por técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía o de la Intervención General del Estado -según el régimen de incompatibilidades lo permita-, para que Alaya pueda cuantificar cuanto antes el «quebranto producido en los fondos públicos» de la Junta de Andalucía para conocer con exactitud las personas o entidades que «habrían de proceder al reintegro de las cantidades recibidas» de manera indebida.