El vicepresidente y la consejera de Presidencia chocan por el pago de los abogados, asunto que ya les hizo bordear el ridículo el día anterior
11 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Un comentario acerca de un futurible va camino de convertirse en la mayor polémica dentro del Gobierno andaluz -sustentado por la coalición que integran PSOE e IU (Izquierda Unida)-, que nunca han podido ocultar sus diferencias a cuenta del caso de los ERE fraudulentos pagados con dinero público. Los pesos pesados del Ejecutivo mostraron abiertamente sus posturas irreconciliables en el caso, solo un día después de que el Gobierno que encabeza José Antonio Griñán bordease el ridículo al afirmar con rotundidad una cosa y horas después desdecirse en una nebulosa de dudas. Mientras el vicepresidente Diego Valderas (IU) negó ayer de plano que la Junta vaya a pagar la minuta de los abogados que defiendan a los altos cargos imputados en el caso -donde además está personada como acusación particular-, la consejera de Presidencia, brazo derecho de Griñán y candidata oficialista a las primarias andaluzas, Susana Díaz, veía «entendible» que se hiciera a posteriori con aquellos acusados que finalmente quedasen absueltos.
Cuestión normativa
La bronca ya había saltado el día antes cuando el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, explicó -a preguntas de los periodistas y tras el Consejo de Gobierno, por lo que debía hablar con fundamento suficiente- que la normativa autonómica contempla la posibilidad de que funcionarios y altos cargos imputados por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones o por órdenes de un superior soliciten que la Junta asuma los costes de su defensa legal. «Es únicamente lo que dice la normativa», se escudó Vázquez en reiteradas ocasiones. El último auto -emitido la pasada semana- de la jueza instructora del sumario de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, implicaba a una veintena de funcionarios, cargos en activo y antiguos directivos de la Administración regional, de los cuales al menos cuatro siguen trabajando en la misma -situación que no se da con la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, consejera de Economía andaluza entre 1994 y el 2004, y hoy vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.
La cascada de reacciones, matizaciones a deshoras y pronunciamientos a favor y en contra no se hizo esperar. El Ejecutivo se vio obligado a enviar una nota a última hora de la noche matizando que la norma exige que, además de la petición -algo que aún no ha ocurrido al no haber recibido los implicados el mencionado auto-, haya un informe previo favorable de los servicios jurídicos y que además la consejería pertinente lo autorice. No negaba en todo caso que se pudiera llegar a esa situación, y de hecho recordaba que, del centenar de personas que se hallan imputadas hasta ahora, se está abonando la defensa del exdirector general de Empleo Daniel Márquez.
Pero la matización de la Junta no ha cerrado el debate. El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, insistió ayer en que el Gobierno «no se va a hacer cargo de ninguna defensa» de altos cargos imputados ni de manera directa ni indirecta.
«Por propia coherencia»
«Por propia coherencia, la Junta no puede entrar en ese camino», aseveró el vicepresidente, recordando que existe «incompatibilidad desde el punto de vista de político» dado que la Administración ya está personada en el caso como acusación particular (de hecho, Griñán presume de que fue su Gobierno el que primero llevó el caso ante la Justicia). Una coherencia a la que apelaba Valderas para expresar sus dudas acerca de que ninguno de los imputados se acogiese a esta opción.
Sin embargo, su compañera en la Consejería de Presidencia, Susana Díaz, cuyo viceconsejero Antonio Lozano -en calidad de director general de Presupuestos autonómico entre los años 2002 y 2009- es uno de los veinte nuevos imputados por Alaya, no se mostraba tan rotunda y decía entender que «lo lógico y razonable» sería que se abonara la defensa a aquellos altos cargos que resultaran inocentes al final del proceso. No obstante, apuntaba que debían ser los servicios jurídicos los que analizaran cada caso.