Un destacado profesional español se entrevistaba hace unos días en Washington con el vicepresidente de la poderosa SEC (Securities and Exchange Commission), encargada de supervisar las transacciones económicas y bursátiles, y mantuvieron el siguiente diálogo: «Estamos preocupados por España», dijo el vicepresidente. «Por la economía, claro», respondió el español. «No, la economía ya se arreglará, aunque cueste. Lo que nos preocupa es la crisis institucional y política». No es para menos. La economía no despega pero se aprecia la contención de su caída y lentamente recuperará, aunque a los cinco años de crisis que llevamos le sucedan otros tres o cuatro hasta la recuperación. Lo grave está, como se aprecia desde los principales observatorios mundiales, en la crisis política e institucional.
Tres puntos de preocupación destacan: la pérdida de liderazgo y de confianza popular en los dirigentes políticos enzarzados y enmarañados en casos de corrupción; el relevo, a corto o medio plazo, del rey que hizo la transición por el príncipe que, aunque muy preparado, debe sellar un nuevo pacto con la ciudadanía; y, desde luego, el reto independentista de Cataluña.
Esta semana parece haberse contenido relativamente la tensión separatista catalana con algunos gestos, como la firma por la ministra Ana Pastor del plan para llevar el tren de mercancías con ancho europeo hasta la terminal portuaria de Barcelona, una vieja reivindicación del empresariado catalán, y con algunas filtraciones del diálogo secreto entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Mas quiere consulta pero admite ahora que sea dentro de la legalidad y Rajoy, según su profeta Soraya Sáenz de Santamaría, está dispuesto a hablar con Mas, y habla, de «cosas razonables». Esa expresión -«cosas razonables»- alarma a la prensa nacionalista española -tan separadora como la separatista- porque teme que pueda autorizarse algún tipo de consulta.
A pocos días de la cadena humana 11 de septiembre con la que los independentistas catalanes se proponen asombrar al mundo, llegan gestos de diálogo que tranquilizan al empresariado catalán y a los políticos más razonables, cada vez menos por cierto, léase el nacionalista Duran i Lleida, o el socialista Pere Navarro, partidarios ambos de que haya una consulta popular en la que ellos defenderían que Cataluña siguiera unida a España. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aún presionado hasta la asfixia parlamentaria por Esquerra Republicana, ha tenido que admitir que desde un Gobierno no se puede seguir una senda de ruptura saltándose las leyes y la lógica. No renuncia a su objetivo de una Cataluña independiente pero el cauce no puede ser ni el de la calle, ni el de los numeritos en las instituciones como el protagonizado esta semana en el Congreso por el diputado de Esquerra Joan Tardá, que se proclamó «no español» y le entregó en plena sesión parlamentaria una camiseta de la cadena humana al ministro de Exteriores, García-Margallo.
¿Cómo se va tomar en serio por el empresariado y por otros Gobiernos la propuesta independentista catalana con gestos de sus promotores más propios de organizaciones juveniles inmaduras que de personas con un proyecto político solvente? El problema esencial que nadie destaca es que se promete un Estado catalán pero no aparecen por ninguna parte hombres y mujeres de Estado para construirlo. «Nos consta que hay inversiones que consideraron ir a Cataluña pero optaron por Madrid ante la incertidumbre de allí», comenta uno de los máximos directivos bancarios españoles. Y estima que otros que están, dejarán de estar si el proceso toma ese camino que impulsa Esquerra Republicana, que parece calcado de la «declaración unilateral de independencia» de Kosovo. Pero también en este asunto la debilidad de los líderes, de ambos lados, multiplica los riesgos. País.