Durante la apertura del año judicial, presidida por el Rey, el fiscal general del Estado asegura que la sociedad está muy concienciada con este tipo de delincuencia
16 sep 2013 . Actualizado a las 21:21 h.El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido hoy sobre la corrupción que «el delito no renta» y que «no hay zonas de penumbra» en las que se puedan agazapar «quienes se lucran a costa del interés común».
Durante su discurso en la solemne apertura del año judicial, presidida por el Rey, Torres-Dulce ha constado contra este tipo de delincuencia «una creciente concienciación ciudadana» que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, «lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social».
«Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país», ha dicho Torres-Dulce, quien ha señalado que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.
Ha mostrado su preocupación porque el «inevitable sentimiento de desánimo» provocado por la crisis «derivase en desafección de la cosa pública», pero ha asegurado que «esta sombría realidad» no ha mermado de momento «el deseo de participación social de una ciudadanía».
En este sentido, Torres-Dulce ha rechazado la idea de la Justicia como «ejemplarizante» y se ha mostrado más partidario de una justicia «equitativa», cuya verdadera finalidad es «restablecer el orden jurídico conculcado» y «no satisfacer sentimientos subjetivos de venganza, por legítimos que sean».
Por ello, ha dicho que ahora más que nunca es necesario «mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta, que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común».
La corrupción es, según el fiscal general, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de la sociedad y ha mostrado su preocupación porque afecte al funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, «que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones».
Corrupción privada
Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades «se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella».
«Abordar adecuadamente este complejo fenómeno exige aumentar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abortar la corrupción en sus inicios», ha dicho.
Para ello ha defendido incrementar los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como instancias claves de control.
Tras destacar el decisivo papel de la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas, ha detallado que en el año 2012 se han incrementado las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 23,85 %, y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120,79 %.
Participaciones preferentes, un «problema de primer orden»
Sobre las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, Torres-Dulce ha dicho que han generado «un problema social de primer orden» frente al que no se puede permanecer impasibles, por lo que la Fiscalía se viene personando caso por caso en los distintos procesos abiertos.
Sobre la actividad delictiva en 2012, el fiscal general ha destacado el descenso de causas relacionadas con ETA, la estabilización del terrorismo yihadista y el incremento de las relativas al independentismo gallego y al anarquismo.
A lo largo del año 2012 se han incoado 5.130.089 procedimientos penales, 4.336.255 por delito y 793.834 por falta.