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PSOE e Izquierda Plural plantearán al Congreso el martes la retirada de la reforma de pensiones para negociar otra

Europa Press

ESPAÑA

Planteareán la búsqueda de ingresos de modo que los jubilados puedan mantener su poder adquisitivo

06 oct 2013 . Actualizado a las 17:08 h.

El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) plantearán el próximo martes al Pleno del Congreso sendas mociones pidiendo al Gobierno la retirada del proyecto de ley de reforma de las pensiones para dar espacio al Pacto de Toledo y a los agentes sociales a negociar un nuevo texto que incluya la búsqueda de nuevos ingresos que permitan mantener el poder adquisitivo de los jubilados.

Ambos textos se derivan de las interpelaciones planteadas a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la sesión de control al Gobierno de la Cámara Baja del 25 de septiembre, previas a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros, aunque su debate y votación se producirá más de una semana después de que la norma recibiera luz verde del Gobierno.

Aplicar la revalorización del IPC

Así, el texto de los socialistas reclama al Ejecutivo que retire su proyecto de ley y cumpla con la normativa vigente, aplicando la revalorización según el IPC del año 2012 y compensando a los jubilados con un pago único por la diferencia entre la subida que tuvieron a inicios del año y la inflación de noviembre.

Asimismo, exigen que ese aumento de las cuantías se consolide en el año 2013 y se compense a los jubilados por lo no percibido en lo que va de ejercicio, y también que se aplique el mismo procedimiento este mes de noviembre con el IPC, manteniendo el incremento para el próximo año.

Por otra parte, el PSOE exige que diseñe un factor de sostenibilidad que cumpla con lo previsto en la última reforma de la Seguridad Social (Ley 27/2011), es decir, que «atienda exclusivamente a los cambios demográficos derivados del incremento en la esperanza de vida, vinculado exclusivamente con los parámetros fundamentales del sistema», tales como los ingresos, la edad de jubilación y el periodo de cálculo, pero «no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial».

En este sentido, creen que hace falta «reestructurar» los ingresos del sistema avanzando en una financiación «complementaria» de la Seguridad Social a través del sistema fiscal, de tal manera que se posibilite un «mayor equilibrio» con los gastos para poder mejorar la cobertura de las pensiones.

Por ejemplo, reformar la incapacidad permanente con atención a los diferentes regímenes fiscales en función del grado reconocido, suprimir las singularidades económicas de los riesgos profesionales unificando las fórmulas de cálculo y remitiendo a la negociación colectiva las posibles mejoras, elevar los topes de cotización acercándolos al salario real, cubrir con ingresos fiscales las medidas sociales no contributivas o reformar la cotización de los autónomos.

Dos regímenes: general y autónomos

Además, plantean culminar la unificación de los regímenes para que sólo exista el general y el de autónomos, intensificar la lucha contra el fraude y reordenar las mutuas de accidentes de trabajo, incluyendo la incorporación de los profesionales colegiados al régimen especial de autónomos, reservando a las mutualidades un carácter complementario.

Por otra parte, plantea mejorar las pensiones mínimas, recuperar las bonificaciones para el mantenimiento del empleo para fomentar la contratación de mayores de 50 años o de mujeres tras la maternidad, y continuar avanzando en la compensación del perjuicio causado a las mujeres que interrumpen su carrera por cuidar de la familia.

En este sentido, recogen una petición concreta de «financiar con fondos presupuestarios un complemento para los pensionistas que asuman la financiación del conjunto de necesidades familiares», dado que muchos jubilados están ayudando a sus hijos y nietos en esta coyuntura de crisis.

Por último, la moción recoge ideas como impulsar políticas para fomentar la natalidad, la conciliación y la corresponsabilidad; y adoptar políticas activas para incrementar el empleo. En cualquier caso, todas las modificaciones que se incluyan en la Seguridad Social deben acordarse en el Pacto de Toledo y a través del diálogo social.

Retirada del proyecto para negociar

Por su parte, la Izquierda Plural instará al resto de formaciones a reclamar la retirada del proyecto de ley para poder iniciar un verdadero proceso de negociación en el seno del Pacto de Toledo y con los agentes sociales.

Además, pone sobre la mesa algunas propuestas para aportar ingresos adicionales al sistema, tales como la utilización «ordenada» del fondo de reserva de las pensiones y su refuerzo con una nueva 'contribución solidaria'.

Propone asimismo que las actuales reducciones de cotización se conviertan en bonificaciones para que no se carguen a las cuentas de la Seguridad Social sino a los Presupuestos, que se termine el proceso de separación de fuentes de financiación para que haya una mayor aportación fiscal y que sea el Estado el que se haga cargo de los gastos de gestión y personal administrativo.

En la misma línea, plantean un incremento «progresivo» de las bases de cotización máximas y mínimas en paralelo con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la inclusión en la base de cotización de todos los conceptos que hoy están excluidos, como dietas o pagos en especie, que sí tributan fiscalmente pero no a la Seguridad Social.

Báñez, abierta al consenso

En estos días, tanto Báñez como otros responsables del Ejecutivo han tendido la mano a la oposición para tratar de llegar a un acuerdo sobre esta reforma, que incluye tanto el factor de sostenibilidad para vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida como la sustitución del IPC por un nuevo índice de revalorización anual de las pensiones que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con unos límites a la subida del 0,25% y el IPC más 0,25%.

De hecho, los ministerios de Hacienda y de Empleo han llegado a ofrecer a la oposición la posibilidad de que las pensiones se incrementen por encima del 0,25% previsto inicialmente el año que viene si así se acuerda en la negociación del proyecto de ley de reforma de las pensiones, y también han mostrado su disposición a «hablar de todo», incluidos los ingresos del sistema.

El objetivo del Gobierno es que no se rompa el consenso en torno a este tema conseguido durante más de dos décadas en el Pacto de Toledo, y que ahora amenaza con perderse ante el rechazo de toda la oposición en bloque a una reforma que, consideran, no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y provocará por tanto su empobrecimiento.

Sin embargo, no parece que esté dispuesto a dar a la negociación más tiempo que los tres meses que restan de año, ya que su intención es que el índice de revalorización empiece a funcionar en enero de 2014.