Indica que los exsecretarios generales del PP no cometieron delito porque las cuotas presuntamente recibidas no superan el máximo legal
05 nov 2013 . Actualizado a las 17:45 h.La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la imputación de los ex secretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, que solicitó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz Izquierda Unida (IU), personada en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP.
El Ministerio Público se ha opuesto también a otras solicitudes de imputación incluidas en la ampliación de querella de la acusación popular integrada por IU, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación los Verdes, que incluían al marido de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro y a otros 14 empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los 'populares'.
Los querellantes pedían la imputación de López del Hierro por su aparición en los papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del PP por apuntes contables que aparecen en los años 90. En concreto, se le señala como directivo de Construccion Y Gestion De Servicios S.A (Grupo ONCE) en los años 1997 y 1998, apoderado de Constructora Continental S.A desde 1991 y consejero de Renta Corporación Real Estate de Metrovacesa y Barney Newco S.A..
Los demás empresarios incluídos en la querella eran el presidente de Degremont Iberia, Rafael Palencia; José Luis Rodríguez Moreno, empresario de comunicación audiovisual; Lucio Moreno de Guerra, ex director general corporativo de Applus; Cecilio Sánchez Martín, ex Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Camilo José Alcalá Sánchez, Presidente-Consejero Delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A.
También se solicitaba la imputación de José Antonio Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suarez, Presidente de Construcciones Parraño S.A.; Vicente Cotino Escrivá, Administrador Único de ASEDES CAPITAL S.A., Joaquín Molpeceres Sánchez, del Grupo LICUAS S.A.; Antonio Pinal Gil, Presidente-Consejero Delegado de grupo empresas BRUESA; Ignacio Ugarteche González de Langaríca, Consejero de Urazca Construcciones desde agosto 2003 y Consejero Delegado desde septiembre 2005; Ramón Aigé Sánchez, Presidente de SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS S.A. y Pilar Pulido Sánchez, Directiva de Ads Brokers.
La acusación atribuía a todos ellos entre 10 y 12 delitos, entre ellos prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. Además, la ampliación introduce la posibilidad de la comisión de otro delito, el contable, por parte de las entidades que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas. En cuanto a Acebes y Álvares Cascos, el fiscal Antonio Romeral defiende que no puede imputárseles la comisión de delito alguno y precisa que las cuotas que presuntamente recibieron y que quedaron reflejadas en los papeles de Bárcenas, carecen de «relevancia jurídico penal». «Los pagos que se dicen hechos, aunque resultaren acreditados y no se hubieren declarado a la hacienda pública, carecen de relevancia jurídico penal, pues atendiendo a su cuantía y ejercicios, la cuota impagada resultante en modo alguno alcanzaría la establecida en el Código Penal», indica el fiscal Antonio Romeral.
La acusación detallaba los presuntos pagos recibidos por Álvarez Cascos y que figuran en los papeles. La suma total asciende a 47 millones de pesetas, precisaba el escrito, que agregaba que durante el periodo en que fue ministro de Fomento, muchas de las empresas consideradas donantes aparecen como contratistas de la Administración. Entre las obras licitadas en aquel periodo IU destacaba la obra de la denominada 'Variante de Pajares', destinada a unir por alta velocidad Madrid y Gijón.
En cuanto a Acebes, IU destacaba que al menos desde 2004 recibió en provecho propio dádivas por importe de 107.100 euros «pagados por persona interpuesta y procedentes de pagos realizados por empresas privadas. Durante su etapa como secretario general aparecen reflejados en la contabilidad B de Bárcenas, ingresos «ilícitos» por valor de 2,5 millones de euros, dice el escrito.
Anticorrupción también descarta la comisión de delito por parte de los empresarios ya que, dice, «no detecta en el relato de hechos la conexión que se sostiene en la ampliación de la querella, entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones de contratos públicos». Esta ha sido la conclusión alcanza por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en un informe que el Ministerio Público ha aportado al juez junto a su escrito. El nuevo informe descarta también la comisión por parte del PP, como persona jurídica, de un delito contable.