La futura norma usará la vía administrativa como instrumento sancionador
24 nov 2013 . Actualizado a las 17:37 h.El Gobierno del Partido Popular y muy especialmente su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, están empeñados en restaurar el concepto de orden público a la vieja usanza y acabar con espectáculos como las acampadas de la Puerta del Sol madrileña protagonizadas por el movimiento 15-M y con la reacción popular contra la oleada de desahucios que pusieron de moda los escraches.
Un anteproyecto de nueva ley orgánica de seguridad ciudadana que supone unas cuentas vueltas de tuerca más a la polémica ley Corcuera, en vigor desde hace más de dos décadas, después de ser suavizada por el Tribunal Constitucional, no llegó a ser debatido en el último Consejo de Ministros, pero Rajoy amenaza con llevarlo al próximo. Lo que se conoce de ese anteproyecto, vía filtraciones, ha provocado tal rechazo que augura un futuro cuando menos polémico a su paso por los distintos filtros previstos en la legalidad vigente.
¿Por qué esta ley?
En buena medida, el origen de esta iniciativa legislativa arranca del empeño del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de tipificar penalmente la convocatoria de protestas que acaben en disturbios callejeros, como los ocurridos tras la huelga general del 29 de marzo del año pasado. Ya por aquel entonces amenazó con penalizar la resistencia pasiva. Pero sus pretensiones no casaban mucho con los planes de Gallardón de excluir las faltas del proyecto de nuevo Código Penal, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.
¿Cómo compaginar los intereses de Justicia e Interior?
Jorge Fernández no desistió de sus planes, máxime después de que los tribunales, en concreto la Audiencia Nacional, frenasen sus intentos de que se imputara a los manifestantes de la convocatoria Rodea el Congreso un delito contra las altas instituciones del Estado. El anteproyecto elaborado por los técnicos de su departamento, según lo poco que de él ha trascendido, contempla 55 infracciones administrativas -15 más que la ley Corcuera- que vienen a suplir la ausencia de faltas en el Código Penal. De ellas, 21 serán muy graves y se penalizarán con multas que pueden llegar a los 600.000 euros.
¿Cómo justifica el Gobierno esta iniciativa legislativa?
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «persigue proteger la convivencia democrática, no coartar el libre ejercicio de los derechos ciudadano», ya que «lo que se está haciendo es regular como falta administrativa y, por tanto, con un menor reproche público conductas que hasta ahora eran faltas penales».
¿Cómo se ve desde el mundo judicial?
Para Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, lo que se desprende de esta iniciativa legislativa es que el Ejecutivo recurre a lo que se conoce como Derecho penal del enemigo, aquel que en aras de la seguridad castiga al autor por el hecho de ser peligroso. «La mayoría de las personas que protestan -explica- no comenten delitos penales, por eso para ellos se impone aplicarles el derecho del enemigo». Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, opina que esta ley, al igual que el Código Penal de Gallardón, «rezuma una gran demagogia populista». Martín Pallín, magistrado emérito del mismo tribunal, considera que es «un absoluto disparate y parece un código disciplinario para militarizar la sociedad».
¿Que opinión le merece a la oposición?
Los portavoces del grupo parlamentario de Izquierda Plural, Juan Coscubiela y José Luis Centella, la han bautizado como «ley de la patada en la boca», en referencia a la actual, que se conoció en su día como «ley de patada en la puerta». Su eurodiputado Willy Meyer ya la denunció el viernes en Bruselas como «clara violación» de la carta de derechos fundamentales de la UE. Por su parte, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez se ha referido a ella como «un proyecto de represión ciudadana».