El motivo por el que se interpondrá el recurso, que será presentado en los próximos días, es la infracción de ley recogida en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
27 nov 2013 . Actualizado a las 19:30 h.La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado hoy que presentará un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que condenó al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Según informa la Fiscalía, el motivo por el que se interpondrá el recurso, que será presentado en los próximos días, es la infracción de ley recogida en dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Audiencia Provincial de Castellón condenó a Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. No obstante, le absolvió de los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que era acusado en el conocido 'caso Naranjax', al considerar que no quedaba acreditado en estos últimos casos que recibiera dinero, aunque sí estimó su conducta «sospechosa» pero sin alcanzar «la certeza que requiere el pronunciamiento penal condenatorio».
El artículo 849.1 citado por Fiscalía contempla que se entiende que ha sido infringida la ley cuando «se hubiere infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de ley penal». Por su parte, el artículo 852 de la Ley de Enjuciamiento Criminal establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
La Fiscalía Anticorrupción pedía hasta 13 años de prisión para el expresidente del PP de Castellón y de la Diputación provincial por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. También le requería una multa de 1,98 millones de euros.