La Intervención del Estado acusa al Gobierno andaluz de uso irregular de dinero público en el caso ERE
ESPAÑA
Nueva Rumasa pagó 20.000 euros al mes al conseguidor Juan Lanzas
25 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Un nuevo informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición de la jueza Alaya, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares, vuelve a cuestionar el uso «indebido» del «inadecuado concepto» de las transferencias de financiación por parte de la Junta de Andalucía para conceder subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis y discrepa de las conclusiones elaboradas en su día al respecto por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Este informe complementa a otro de la IGAE ya incorporado a la investigación el pasado mes de diciembre en el que reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de la Junta entre el 2000 y el 2009; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente andaluz José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la ausencia de «las medidas necesarias» para solucionar y erradicar las «irregularidades» detectadas en las fórmulas usadas para la administración de estos fondos públicos que se utilizaron presuntamente para financiar los ERE irregulares.
También ayer se conoció que un administrativo de Nueva Rumasa admitió que el grupo empresarial realizó pagos mensuales de entre 20.000 y 25.000 euros al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados en la causa. Este administrativo, Javier Navarro Bertolá, compareció el pasado jueves como imputado por el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) ante la magistrada, que le considera «conocedor del presunto tráfico de influencias» ejercido por Lanzas ante la Junta de Andalucía entre los años 2005 y el 2011 para la financiación pública de las prejubilaciones de ERE de cinco empresas del grupo Nueva Rumasa.
La investigación en curso considera que Lanzas habría cobrado entre los años 2005 y el 2011 hasta 600.000 euros por cada ERE «en dinero B, en sobres semanales o quincenales de 20.000 o 25.000 euros, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros». Según recoge el acta de la declaración de Navarro los pagos se habrían realizado «una vez al mes» y aparecían con la denominación de «honorarios» o «comisiones».