El fiscal general dice que 700 millones gastados en modernizar la Justicia apenas se notan

Julio á. Fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

31 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Eduardo Torres-Dulce criticó ayer en Valencia la forma y el fondo de los planes de moderación de la Justicia en España que se han puesto en marcha en los últimos años. «Es muy barato legislar en el BOE sin memorias económicas y sin infraestructuras para desarrollar los cambios», dijo en una conferencia organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Lamentó que en España «jamás se hace una auditoría de cómo funciona una ley, su implementación, sus ventajas o inconvenientes». Advirtió de que en ocasiones, incluso, «importamos productos legislativos tóxicos que han fracasado en otros países o que obedecen a estructuras y naturalezas sociales, económicas o jurídicas bien distintas y que no producen beneficios.

No tan lenta

Sobre la lentitud de los procesos judiciales en España, precisó que no son «tan pesados» como se tiende a pensar. En primera instancia, la duración media es de 272 días, algo por encima de la media europea (238), pero por debajo de países como Francia (274) o Reino Unido (350). En segunda instancia, la duración cae hasta 189 días. Al Tribunal Supremo solo llegan el 10 o 15 % o de los delitos, lo que impide unificar la doctrina. «Los países con procedimientos más cortos -dijo- son aquellos que destinan mayor presupuesto a la modernización de la justicia».

No es este el caso de España, que destina a gastos de personal el 77 % y solo el 23 % restante a nuevas tecnologías y modernización. Calificó de «descomunal» el retraso de España en esta materia. Como botón de muestra ofreció este dato: «en la pasada legislatura se invirtieron casi 700 millones de euros en proyectos de tecnología que no han logrado sino una mediana digitalización de la Audiencia Nacional».

Según el fiscal general, invertir en tecnología de la información y de la comunicación es invertir en eficiencia y productividad, pero también recordó que no menos importante es abordar «esa facilidad para litigar que tenemos los españoles, que genera saturación en los servicios».