Si prospera la proposición del ley del PP, serán archivados once procesos
05 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados decidió ayer incluir en el orden del día del pleno del próximo martes una proposición de ley del Grupo Popular que reforma por segunda vez en el plazo de cinco años de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir al mínimo el uso del principio de la jurisdicción universal por la Audiencia Nacional y así evitar «conflictos diplomáticos», según reconocieron los promotores de la iniciativa.
De prosperar la reforma en los términos en que está planteada, los jueces españoles, concretamente los de la Audiencia Nacional, solo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada y solo si la víctima o la Fiscalía han presentado una querella en los tribunales.
En el momento de la entrada en vigor de la reforma, todos los casos abiertos -los once que se tramitan en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional- quedarán sobreseídos «hasta que se acredite el cumplimiento de los requisitos», según el texto de la propuesta.
La elección de la fórmula de la proposición de ley para tramitar esta reforma no es causal. Así evitan los informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Fiscalía y será posible que la reforma entre en vigor en el plazo de dos meses.
La Mesa del Congreso rechazó la pretensión del PSOE para que al menos se pidiera un informe al Consejo General del Poder Judicial. Para tomar esta decisión, el PP no disponía ayer de mayoría absoluta en la Mesa del Congreso, ya que el presidente de la Cámara, Jesús Posada, está de viaje en Japón, pero se benefició de la abstención de CiU, que no apoyó la solicitud de los socialistas.
Los grupos de la oposición en el Congreso criticaron la «urgencia» del PP para aprobar «por la puerta de atrás» su proposición de ley. El PSOE anunció que si prospera en los términos en que está redactada, la llevará al Constitucional por su carácter retroactivo. Y ERC llegó a decir que convierte al Estado en cómplice de genocidas.
Las prisas responden al afán por contentar a las autoridades chinas ante las decisiones adoptadas por la Audiencia Nacional en relación con la denuncia por el genocidio en el Tíbet. La reforma del 2009 había obedecido a presiones de las autoridades de Israel por un proceso relacionado con Palestina.