El ministerio público respalda el camino abierto por Fernando Andreu
20 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder judicial que recorta drásticamente la posibilidad de los jueces españoles de acudir al principio de justicia penal universal va camino de entrar en vía muerta. Un juez de la Audiencia Nacional, concretamente Fernando Andreu, que tramita dos de las causas afectadas por la reforma, ya pidió ayer directamente a las partes que digan si procede o no plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer recurrió el auto del pasado lunes del juez Santiago Pedraz en el que se niega al archivo del caso Couso, alegando que contraviene la IV Convención de Ginebra suscrita por España, asume implícitamente en ese mismo recurso que es planteable cuando dice que la decisión recurrida «cercena de plano cualquier posibilidad de promover cuestiones de inconstitucionalidad».
Si el tema llega al Tribunal Constitucional, hasta que este se pronuncie -suele tardar un promedio de dos años- la reforma entraría en vía muerta y, mientras tanto, todas las causas seguirán abiertas, aunque los instructores no podrán adoptar decisiones irreversibles mientras no exista un pronunciamiento definitivo.
Fernando Andreu admitió a trámite en el 2005 una denuncia contra 69 altos cargos de Ruanda por el asesinato de nueve españoles y cuatro millones de ruandeses entre los años 1994 y 2000, y en el 2008 ordenó la detención de 40 militares. También tiene abierta otra investigación sobre la intervención de altos mandos del Ejército de Irak por un ataque que las fuerzas especiales de ese país llevaron a cabo el 8 de abril del 2011 contra el campo de refugiados de Ashraf y en el que murieron 35 personas y otras 337 resultaron heridas. En las providencias dictadas ayer da un plazo de diez días a las partes para pronunciarse sobre si debe plantearse esa cuestión de inconstitucionalidad y la forma en la que debería hacerse.
Extralimitación competencial
Como era previsible, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer en reforma la decisión del juez Santiago Pedraz en el caso Couso porque considera que se ha extralimitado al inaplicar la ley, asumiendo competencias de la Sala de lo Penal. «No solo constituye una clara extralimitación competencial -dice el recurso-, sino que además cercena de plano cualquier posibilidad, tanto a la representación procesal de la víctima como al Ministerio Público, de promover e instar del tribunal competente -Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional- el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad».
Pero el recurso va más allá. Deja constancia de que la reforma aprobada por el Gobierno puede «suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción consagrados por el artículo 24 de la Constitución, y del principio de la independencia judicial».
Frente a la tesis del magistrado Santiago Pedraz que alega que la IV Convención de Ginebra suscrita por España obliga a investigar crímenes cometidos contra civiles en el contexto de conflictos armados y que, por tanto, el convenio internacional prevalece sobre la reforma de la ley española, la Fiscalía insiste en que la resolución recurrida «no se ajusta a derecho por falta de competencia funcional» del instructor para dictarla. Además, «vulnera palmariamente las normas de competencia funcional y sustrae a su superior jerárquico, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el conocimiento de una cuestión para la que tiene asignada legalmente y de forma excluyente la competencia».
Por otra parte, las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente calificaron ayer de «intolerable» las declaraciones de dirigentes del PP poniendo en duda la independencia del juez Pedraz por su negativa a cerrar el caso Couso.
También critican al Consejo General del Poder Judicial por no haber salido en apoyo del magistrado y lo acusan de no hacer «absolutamente nada» para «defender la independencia judicial». Ante este órgano presentó ayer una denuncia contra Pedraz el sindicato Manos Limpias.