El cambio de la ley electoral será un eje de la regeneración democrática, dice Floriano
08 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El PP va a forzar el debate parlamentario para tratar de que en las próximas elecciones municipales el alcalde sea el líder de la lista más votada en los comicios, pese al rechazo con que los partidos de la oposición han acogido la reforma legal que propuso Mariano Rajoy hace una semana.
El vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, confirmó ayer que este importante cambio de la ley electoral será uno de los puntos estrella del paquete de regeneración democrática que el Gobierno quiere negociar en septiembre en el Congreso.
Sin embargo, la medida parece que tiene pocas posibilidades de ver la luz. La razón es que el PP, por primera vez desde que realizó la propuesta, dio a entender que no está dispuesto a realizar un cambio de este calado de forma unilateral, sin contar al menos con el PSOE, aunque se lo permita su mayoría absoluta. «Las reglas del juego [electorales] deben ser acordadas» entre las fuerzas mayoritarias, reconoció Floriano.
Los tres aspirantes a ocupar la secretaría general del PSOE ya han dejado claro que no apoyarán una modificación normativa con la que creen que Rajoy solo pretende paliar un factible revés electoral en muchas ciudades la próxima primavera. IU, a su vez, califica la reforma de «golpe de Estado» a la democracia, y los nacionalistas no la ven con mejores ojos.
Cálculos electorales
Los populares, de todas formas, siguen convencidos de que la obtención de la alcaldía por el partido más votado es el procedimiento más justo y democrático porque evita que «el voto de la mayoría sea vulnerado por acuerdos en los despachos» entre los perdedores. Por esa razón, piden al resto de partidos, y sobre todo al PSOE, que abandonen los «cálculos electorales» y negocien una fórmula satisfactoria. Es más, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió a los socialistas que expliquen qué hay detrás de su oposición a un asunto que han defendido durante años.
El paquete de regeneración que el PP ofrecerá pactar al resto de partidos incluirá también la reducción de aforados, cambios para agilizar los procesos judiciales, y un mayor control sobre las finanzas de los partidos y las incompatibilidades de los altos cargos, así como determinar en qué momento un representante público debe renunciar su cargo si se ve implicado en un proceso judicial por corrupción.
Los populares defienden que la obligación para presentar la dimisión se produzca una vez que se abra contra esa persona el juicio oral o cuando la Fiscalía le acuse de manera formal, pero no con la simple imputación.
Rudi, el verso suelto aragonés
Firmeza en la lucha contra la corrupción y medidas de regeneración democrática son de hecho dos de las acciones que ayer pidió la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, a Rajoy en una intervención que la convirtió en la primera dirigente popular que se atreve a reclamar en público a la cúpula de su partido una profunda reflexión y un «diagnóstico veraz» sobre los motivos de la pérdida de dos millones y medio de votos en las europeas.
Rudi, tras admitir que el caso Bárcenas y otros asuntos de corrupción han hecho «mucho daño» al PP, pidió al partido que «refuerce su perfil ideológico», que recupere su proyecto y su programa, y que vuelva a «hacer política» si quiere que el traspiés de mayo «sea un paréntesis y no una tendencia». Avisó de que asegurar el control del déficit público es importante, pero que también lo es el compromiso con «la sanidad, la educación y los servicios sociales».