Los datos que han trascendido hasta el momento apuntan a que siete de los presuntos ocho herederos de la fortuna que el abuelo Florenci Pujol se llevó en los años setenta al extranjero ya habrían traído el dinero negro a España y habrían pagado a la Agencia Tributaria, o estarían en trámite. El único que no habría legalizado su situación sería el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, inmerso en un proceso judicial por sus bienes en paraísos fiscales. Los más beneficiados en su puesta al día con Hacienda habrían sido Oleguer y Josep, que se anticiparon al resto de la familia y repatriaron los fondos opacos aprovechando la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el 2012. Entre los dos habrían aflorado algo más de cinco millones de euros por los que solo habrían pagado al fisco el 10% que exigió Cristóbal Montoro para la regularización. Los otros cinco -Marta Ferrusola y sus hijos Oriol, Marta, Mireia y Pere- han legalizado sus fondos en España, algo menos de cinco millones de euros, según La Vanguardia, este mismo mes. Al tratarse de ganancias patrimoniales no justificadas y procedentes del extranjero habrán tenido que abonar a la Agencia Tributaria al menos un 55 % del nominal. La razón es que tendrán que pagar un 43 %, el tipo máximo, además de un 20 % adicional de recargo por no haber usado el plazo legal y otro 5 % anual, desde el 2012, como intereses de demora. Los expertos fiscales indican que no se les debería haber aplicado la sanción adicional del 150 % del valor defraudado por haber sido un afloramiento voluntario, no derivado de una inspección o de un proceso penal.