De las cinco salas en las que se divide el Tribunal Supremo, la segunda, la de lo Penal, conforma el núcleo duro. Es el órgano constitucionalmente competente para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno, y por ello es la única sala mencionada específicamente por la Constitución Española de 1978, que le atribuye competencias exclusivas en esta materia, a diferencia de la Constitución de la República que atribuía la competencia para el enjuiciamiento de los altos cargos del Estado al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Como tal será la que en septiembre, nada más empezar el año judicial, tendrá que decidir qué hace con la exposición razonada que le remitió la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre el fraude de los ERE en Andalucía que afecta a 201 imputados, entre ellos dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, y a otros siete aforados más por su actual condición de diputados y/o senadores.
La resolución no será tarea fácil, ya que la pretensión de la instructora es que asuma el Supremo el juicio de todos los imputados, argumentando que de no hacerlo los mismos hechos van a ser juzgados en diferentes tribunales.
La propuesta, según fuentes judiciales, tiene escasos visos de prosperar, ya que la estructura del Supremo no está en condiciones de digerir un sumario de 400 tomos. La respuesta ya será competencia del pleno de la sala, una vez que se incorpore al cargo el nuevo presidente.
Trabajo diario
Pero a esta sala en el día a día no la va a faltar trabajo, porque en ella culmina la jurisdicción penal. Es la encargada de resolver definitivamente los recursos de casación y revisión sobre cuestiones criminales, que son el grueso del trabajo de los tribunales de justicia de este país. En esta sala entraron el año pasado 3.983 asuntos nuevos, resolvieron un total de 4.384, dictando 965 sentencias y aún dejaron otros 1.810 por resolver, lo que supone una tasa de las más bajas de las distintas jurisdicciones.
Justicia universal
Entre los temas delicados que se le avecinan a medio plazo están los vinculados con causas relacionadas con la reforma de la justicia penal universal que se tramitan en la Audiencia Nacional. Una vez resueltos los recursos que afectaban a temas de narcotráfico, faltan por llegar los relacionados con causas o delitos de genocidio y lesa humanidad.