La vicepresidenta de la Generalitat dice que «no se puede asegurar al 100%» que el 9-N habrá urnas

La imagen de unidad que con tanto esfuerzo trataron de reconstuir los componentes del bloque proconsulta el pasado 6 de octubre, después de que Artur Mas anunciara su renuncia a convocar el referéndum sobre la independencia de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional, vuelve a mostrar fisuras. La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega (UDC) admitió este domingo que tampoco la celebración de la consulta alternativa con la que el presidente catalán pretendía salvar la cara está garantizada al «cien por cien». Y la idea de que todo se deje en manos de la sociedad civil para sortear una prohibición judicial no cuenta con el visto bueno de la Asamblea Nacional Catalana. L

La número dos del gobierno autonómico tampoco se mostró catastrofista. De hecho, en una entrevista en el diario catalán El Punt Avui, defendió que lo normal es que el 9-N se pueda participar en la votación prevista. Sin embargo, es la primera vez que desde la Generalitat se abre la puerta a la posibilidad de que el dispositivo fracase. Ortega señaló además que será en una próxima reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que se se reunirá este lunes la que aborde qué hacer en caso de tener que tomar una decisión por la respuesta del Constitucional a la segunda impugnación del Gobierno de Mariano Rajoy. Cabe destacar que Unió (la formación a la que pertenece la vicepresidenta) y Convergència hacen campañas separadas de cara al 9-N. El partido de Josep Antoni Duran i Lleida sí llama a la participación, pero no se suma a ningún acto que pida la independencia. Los ligeros «peros» de Ortega llegan, en todo caso, después de que el consejero de presidencia, Francesc Homs, asegurara que el proceso no tiene marcha atrás y que la consulta alternativa ha entrado ya en una fase en que la que puede «autoejecutarse», es decir, que ya no requiere la concurrencia de las autoridades. Lo mismo dijo este dominfo, en un acto en Puigcerdà, el coordinador general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Josep Rull. Según él, aunque el Constitucional reclamara al gobierno autonómico que deje de preparar la consulta del 9-N, no pasaría nada. «Las riendas del proceso las tienen ya los ciudadanos», apuntó. «Ya está todo preparado. Los voluntarios están, los puntos de votación están, las papeletas la gente las puede llevar de su casa... Todo está en perfecta disposición», insistió en dirigente nacionalista.

Preparados para todo, La Generalitat, amparada en tesis como la del juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Silva -que participó en la redacción de un borrador de una Constitución para una Cataluña independiente-, argumenta que el máximo garante de la Carta Magna no podría prohibir a los funcionarios que participen como «ciudadanos voluntarios» en el proceso. «Nos cuesta pensar qué impedimento físico se puede producir, pero -matizó Rull-tenemos que estar preparados para todo». La estratagema mediante la que se pretenden sortear una eventual prohibición -la Generalitat no estaría incurriendo en desobediencia alguna porque la votación «no le pertenece» y, como alegó la propia Ortega, no hay convocatoria ni censo- choca, sin embargo, con la visión política que del asunto tienen otros actores.

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Carmen Forcadell, clave en las movilizaciones multitudinarias del 11 de septiembre, advirtió de que debe ser el Gobierno catalán y no la sociedad civil quien lidere el «proceso participativo» del 9-N. «Lo apoyaremos y daremos el paso juntos, pero el Gobierno catalán tiene que estar al frente», dijo en una entrevista en la emisora catalana Rac 1. Forcadell hizo una llamada a la participación masiva en la cita del próximo domingo y, aunque dejó claro que el resultado de la eventual votación no tendría valor jurídico, sí defendió que tiene un «valor político importante». «No estamos hablando de independencia; tenemos que ir a votar por dignidad democrática y para defender los derechos y libertades», adujo

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