El fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, tiene las manos libres para presentar cuando crea conveniente la querella contra Artur Mas y otros miembros de su Gobierno por los presuntos delitos que habrían cometido al propiciar la seudoconsulta del domingo pasado, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Romero de Tejada analizó ayer, durante hora y media, los presuntos hechos delictivos y los posibles autores con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y con el jefe de su secretaría técnica, Jaime Moreno, y recibió autorización para llevar la denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en los términos que crea conveniente.
Las fuentes oficiales no han querido desvelar quienes serán los querellados, pero se da casi por seguro que la lista la encabezarán el presidente de la Generalitat y su número dos, la vicepresidenta Joana Ortega, por ser los responsables de haber hecho posible la votación pese al veto del tribunal, con financiación, logística y locales públicos, y quienes dieron a conocer los resultados del escrutinio.
El delito que parece seguro que se les podría atribuir es el de desobediencia, por haber ignorado la resolución del Tribunal Constitucional que suspendía tanto los preparativos del «proceso participativo» del 9-N como su celebración. Está en estudio si también pueden enfrentarse a una imputación por prevaricación, por adoptar decisiones oficiales injustas a sabiendas de que vulneran la ley. De igual manera se analiza si existen indicios para atribuirles un delito de malversación, por el uso de dinero público para un proceso prohibido.
La intención de la Fiscalía de presentar la querella suscitó ayer el rechazo de todos los promotores de la consulta y de otros partidos que se oponían a la misma, como el PSOE. El antecesor de Mas en la presidencia de la Generalitat, el socialista José Montilla, señaló que si se confirma la presentación de la querella «se estará sofocando un incendio con bidones de gasolina», por lo que, añadió, «más allá de las legítimas diferencias de criterio que nos puedan confrontar, él es mi presidente; si se confirma esta medida, el presidente Mas contará con mi apoyo».
Varios parlamentarios de los partidos proconsulta se autoinculparon públicamente por la organización de la seudoconsulta.