Antonio Torres del Moral: «La situación de la Constitución no podrá alargarse demasiado»

Antonio Torres del Moral es uno de los constitucionalistas más prestigiosos de España. El catedrático de Derecho Constitucional de la UNED considera conveniente una reforma de la Carta Magna, pero rechaza la apertura de un proceso constituyente.

-¿Es necesario reformar la Constitución?

-Es más preciso hablar de conveniencia que de necesidad, pero la situación actual no podrá alargarse demasiado. Todo el texto es susceptible de mejora. Pero, como no parece una buena opción política abrir un nuevo proceso constituyente para elaborar un texto nuevo, ni siquiera para revisar la mayoría de los preceptos del actual, habrá que seleccionar aquellos de más necesaria y oportuna reforma e ir dosificando posteriormente otras operaciones similares. Se ha extendido la convicción de que sin reforma constitucional el país se viene abajo irremediablemente. Una nueva apelación a la prudencia nos persuade de que lo más conveniente, por el momento, es no hacer tabla rasa de lo existente, ni siquiera abrir un proceso reformador que alcance a los pilares fundamentales del sistema. Dejemos a un lado, por tanto, las modificaciones que exigen un procedimiento muy costoso y para las que no hay decantado ningún consenso en la ciudadanía y centrémonos en el resto, que es precisamente el que más atañe al funcionamiento de los poderes públicos.

-¿Qué habría que cambiar teniendo en cuenta esas premisas?

-Ya hay sobre la mesa dos propuestas: la de UPyD sobre la eliminación del fuero de parlamentarios y de miembros del Gobierno, reforma sencilla que no debería plantear demasiados problemas; y otra del PSOE, de más largo alcance y más difícil conciliación de posiciones: la reorganización territorial de España como Estado federal. Pero, a mi juicio, es preferible confeccionar paquetes reformadores parciales. En este sentido, a la propuesta de UPyD se le puede añadir una mas extensa relación de incompatibilidades de los diputados, senadores, miembros del Gobierno y jueces y magistrados (artículos 70, 98 y 127). Otro bloque podría hacerse con los preceptos que ahora ralentizan demasiado el juego del sistema parlamentario. De una parte, el plazo de investidura de un presidente del Gobierno, que regula el artículo 99.5, puede ser acortado. De otra, debe introducirse expresamente en el artículo 108 la responsabilidad política individual de los miembros del Gobierno a fin de orillar la interpretación contraria que ha prevalecido hasta ahora. También debería darse mayor facilidad para solicitar sesiones extraordinarias de las Cámaras (artículo 73.2) y especificar que las comisiones de investigación se crearán también a propuesta de dos grupos parlamentarios (artículo 76). Deberían ser aclarados los límites del decreto-ley (artículo 86) y reforzar las instituciones de participación política directa, como son la iniciativa legislativa popular y el referendo (artículos 87.3 y 92.1, respectivamente).

-¿Qué se lograría con estas modificaciones?

-Con estas modificaciones que he enumerado a mero título de ejemplo, que podrían ser muchas más, se modernizaría y agilizaría notablemente la vida política y la parlamentaria, en tanto que el Poder Ejecutivo quedaría mejor controlado. Todo lo cual sería percibido por el ciudadano como muy positivo. Mientras tanto deberían ser sometidas a estudio serio, con grupos de trabajo de especialistas, las reformas de consenso y de procedimiento más costosos, así como la conveniencia o no de modificar el propio procedimiento de reforma del artículo 168, que protege hasta la disuasión determinados sectores del texto constitucional: los principios fundamentales del título preliminar, los derechos fundamentales y libertades públicas y la Corona.

-¿Cree que se debe dar un trato especial a Cataluña en la Constitución para mejorar su encaje en el Estado?

-El problema de la racionalización de la forma territorial debe ser acometido con calma, criterio, en bloque y sin trato especial para ninguna comunidad autónoma, aunque sí asumiendo los hechos diferenciales existentes, que son importantes. En esta reforma debe hacerse una revisión a fondo del sistema de financiación por si resulta justo y solidario introducir modificaciones que no sean trato de favor pero tampoco perjudiquen objetivamente a ninguna. Este ajuste no debería plantear serios problemas puesto que se trata de asumir los datos numéricos de la realidad y actuar en consecuencia, pasándolos, eso sí, por el principio de solidaridad.

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