Aunque todos valoraron positivamente el paso adelante que supone el Portal de la Transparencia, también recibió algunas críticas. Los expertos critican las «trabas de acceso», como que sea necesario disponer del DNI electrónico o de unas claves oficiales para realizar solicitudes de información. El PSOE, sin embargo, fue más allá y se centró en las declaraciones de bienes de 257 altos cargos que no han sido publicadas. En concreto, aquellos que fueron nombrados antes del 1 de julio del 2013, es decir el mes en que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de transparencia (27 de julio).
En el listado de altos cargos de los que según los socialistas faltan datos figuran embajadores como Federico Trillo, delegados del Gobierno como la de Madrid, Cristina Cifuentes, «o asesores de la vicepresidenta». «Dime de qué presumes y te diré de qué careces», resumió la diputada socialista Isabel Rodríguez. El comentario no sentó bien en el Ejecutivo, que sostienen que la ley de transparencia está sujeta al mismo reglamento que redactó el PSOE y que obliga, según la Moncloa, a publicitar el patrimonio de todos aquellos cargos nombrados y cesados desde julio del 2013, no los nombrados con anterioridad pero que siguen en el cargo.