Cinco ex barones populares y cuatro socialistas tendrán escaño en la Cámara
19 jul 2015 . Actualizado a las 10:17 h.Las elecciones autonómicas han supuesto un vuelco político que le ha costado la presidencia regional a siete barones populares. Pero no todos ellos pasarán a liderar la oposición en sus respectivos territorios, ya que el PP les ha buscado acomodo político y jugosa nómina en el Senado a cuatro de ellos, que se sumarán así a otros cuatro expresidentes autonómicos socialistas que ocupan un escaño en la Cámara alta y al expresidente popular de Castilla y León, Juan José Luchas. La aragonesa Luisa Fernanda Rudi; el balear Jose Ramón Bauzá: el valenciano Alberto Fabra y el riojano Pedro Sanz cambiarán el escaño autonómico por el del Senado después de haber encabezado las listas del PP en sus respectivas comunidades. En esa ilustre lista de antiguos presidentes con escaño en el Senado figuraba también hasta hace poco el jefe del Gobierno andaluz José Antonio Griñán, que dejó su acta por su imputación en el caso de los ERE.
A la espera de aumentar el sueldo
El desembarco en el Senado de los barones caídos en desgracia llega en pleno debate sobre la utilidad de una Cámara sin apenas funciones en la que el Estado se gasta anualmente 54 millones de euros. Y no ayuda precisamente rebatir la opinión de que se trata solo de un cementerio de elefantes políticos en busca de un cómodo retiro a costa del erario público. En total, la presencia de estos nueve expresidentes autonómicos en la Cámara alta costará a las arcas públicas un mínimo de 688.000 euros cada año, solo en sueldos. Todos ellos han sido o serán elegidos senadores por designación autonómica.
A la espera de que su grupo les asigne algún cargo en las diferentes comisiones del Senado, lo que incrementaría su nómina, los cuatro expresidentes autonómicos populares que se incorporan ahora tienen garantizado un salario de 61.262 euros anuales cada uno. Esa cifra se incrementará con seguridad si se tiene en cuenta el precedente de que todos los expresidentes autonómicos que ocupan un escaño en el Senado son como mínimo vocales en alguna comisión. El que más cobra es el popular Juan José Lucas, vicepresidente primero del Senado, con un sueldo de 108.672 euros, seguido del socialista José Montilla, portavoz en cuatro comisiones y vocal en otra, que percibe 105.830 euros anuales. Lucas lleva en el Senado desde el 2001 y presidió la Cámara alta entre el 2002 y el 2004. Montilla entró en el Senado en el 2011, tras perder la presidencia de la Generalitat en el 2010. Los otros tres expresidentes socialistas que ocupan escaño de senadores son el valenciano Joan Lerma, que cobra 81.192 euros; el aragonés Marcelino Iglesias (73.820) y el balear Francesc Antich (73.820).
En el sueldo que cobrarán los expresidentes autonómicos anualmente se incluyen los 2.813,91 euros al mes que perciben todos los miembros de la Cámara alta, más los 1.822,38 euros que reciben en concepto de dietas y alojamiento todos los elegidos por circunscripciones distintas a la de Madrid. Además, todos los senadores tienen un bono de 3.000 euros para utilizar taxis. Y no se incluyen los teléfonos, tabletas, ordenadores y conexión gratuita de wifi en sus hogares de la que todos disfrutan, al margen de otras prebendas.
Además de los nueves expresidentes autonómicos, ocuparán también un escaño de senador por designación autonómica otros ilustres derrotados en las elecciones municipales, entre los que destaca la figura de la exalcaldesa valenciana Rita Barberá.
Los que hicieron el camino inverso
Si el Senado ha servido de cómodo retiro para presidentes autonómicos caídos en las elecciones, también ha cumplido a veces la función inversa. Es habitual que los barones regionales que están en la oposición utilicen la Cámara alta como trampolín y plataforma política para intentar el asalto a la presidencia de sus comunidades. Ese fue el caso de la popular María Dolores de Cospedal y del socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha o de José Antonio Monago en Extremadura. A hacer lo mismo aspiraba el socialista gallego José Ramón Gómez Besteiro, pero renunció a intentarlo tras su imputación por cuatro delitos en el caso Garañón.