A finales de los ochenta le pregunté al director de la Guardia Civil, Luis Roldán, sobre el riesgo de independencia de Canarias, presente en algún debate. «Ninguna posibilidad. Según nuestro Servicio de Estudios, el riesgo real no existe allí, ni en el País Vasco. Solo en Cataluña, por su masa crítica más alta y porque hay una burguesía que simpatiza con esa idea». Relatada esa conversación en Madrid estos días, Javier Nadal, ex vicepresidente de Fundación Telefónica, aragonés de habla catalana, exclama: «Y en estos treinta años, que eso ya se sabía ¿no ha podido hacer algo el Estado para evitarlo?».
Tiene toda la razón. Ha habido una complacencia, cuando no abulia, ante este problema, en parte porque los Gobiernos de España han dependido del apoyo parlamentario del nacionalismo catalán, desde Suárez a González, Aznar y Zapatero, excepto en época de mayorías absolutas. Por no ocuparse del problema, tras el simulacro de referendo del 9N, al ver que los independentistas no arrollaban, en Madrid se archivó el expediente. Algunas crónicas quedan en las hemerotecas advirtiendo de que el problema no estaba superado y que iba a más.
Ha sido de nuevo la imagen de una avenida de Barcelona reventada de manifestantes el pasado viernes la que ha encendido las alarmas en Madrid, probablemente demasiado tarde. Son tres décadas de retraso, con unos libros de texto en los que España se ha ido difuminando, con unos medios públicos de comunicación que solo hablaban de la corrupción de fuera, como la de Bárcenas por ejemplo, pero no la de los Pujol, y con unos partidos políticos acomplejados frente al discurso nacionalista antes, e independentista después. En Cataluña ha habido miedo a hablar y solo al final algunos empresarios como Joan Rosell y Bonet, o el ex directivo del Sabadell Joan Coromines han advertido que esto puede terminar mal. Y Félix Revuelta, gran empresario riojano afincado en Barcelona: «El empresariado catalán calla porque tiene miedo a perder subvenciones». A última hora, proliferan plataformas para movilizar a la sociedad civil desmintiendo que la mayoría de entidades sean pro independentistas. Se acaba de presentar la denominada Tercera Vía, entre el independentismo de Mas y el inmovilismo de Rajoy; ha nacido también la Plataforma per el Seny impulsada por un ex directivo del Banco Sabadell y mantiene su cruzada Sociedad Civil Catalana, presidida por Josep Ramon Bosch. Este historiador y ejecutivo farmacéutico, con familiares militantes en Convergència, es de Sampedor, una población de siete mil habitantes del centro de Cataluña. Es también el pueblo de Pep Guardiola, el futbolista que cierra la lista de Artur Mas. Esa coincidencia es la viva imagen de la fractura actual en Cataluña que el independentismo niega, pero que millones de personas desmienten porque la sufren. El exministro Josep Piqué escribía un brillante artículo hace pocos días hablando de que hay que pensar en todo lo que se debe reconstruir en Cataluña por esa fractura. Reconstruir tres cosas, decía: las instituciones no pueden estar al servicio de politizaciones partidistas y eso vale tanto para el Tribunal Constitucional como para la Generalitat; respetar la ley de verdad y rehacer la cohesión interna de la sociedad catalana ahora profundamente dividida.
Por su parte, la cineasta Isabel Coixet impactó el pasado viernes con otro artículo titulado El día de las marmotas, en el que daba voz a millares de ciudadanos; «Somos catalanes a los que la independencia nos da una pereza inmensa [....] Como nos sentimos en casa tanto en Olot como en Ourense o en Orán, nos llaman, traidores, españolazos, charnegos, desgraciados y hasta cosmopolitas». Así están las cosas, con personajes de la cultura y la empresa movilizándose para evitar una ruptura dramática frente a una maquinaria que lleva años trabajando en sentido contrario con gran eficacia profesional y generoso engrase institucional.
Entretanto, la política acompaña poco. El PSC al que maquillará sus malos resultados la dedicación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias que conecta con dificultad con el problema de fondo catalán y el PP que se conjuró para no lanzar mensajes contradictorios y al que el ministro Garcia Margallo ha descolocado aceptando a titulo personal la conveniencia de una reforma constitucional para encajar mejor Cataluña. Ya ven: la sociedad civil que despierta muy activa y la política que apenas se aclara.
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