La medida busca evitar la destrucción de pruebas y por ello el ingreso en prisión se ha solicitado por el Ministerio Público por plazo limitado, es decir, que podría salir en libertad en un plazo breve tras asegurarse los investigadores que dicho peligro de destrucción de pruebas desaparece
22 oct 2015 . Actualizado a las 18:39 h.El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso del 3 % ha decretado el ingreso en prisión preventiva sin fianza del tesorero de CDC, Andreu Viloca, acusado de seis delitos de corrupción, según han informado fuentes jurídicas. El magistrado, tal y como planteaba la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado el ingreso en prisión provisional incomunicada para Andreu Viloca, al estimar que existe riesgo de que pueda destruir pruebas.
El administrador de CDC ingresará en la cárcel acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil. Los fiscales han solicitado esa medida cautelar para Viloca, que plantean como un tiempo limitado hasta que desaparezca el riesgo de destrucción de pruebas, después de que se negara a responder a las preguntas del juez instructor, acogiéndose a su derecho a no declarar.
Por otra parte, la Guardia Civil ha dejado en libertad con cargos al directivo de TEC 4 Antonio García Bragado, también detenido ayer, aunque con la obligación de comparecer ante el juez instructor cuando este le cite a declarar en calidad de imputado.
De la misma forma, los dos empleados del área financiera de CDC detenidos ayer -el secretario del patronato de la fundación Catdem, Carlos del Pozo, y Anna Dolors Benítez, administrativa del partido- han quedado en libertad con cargos tras pasar la noche en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona.
Las declaraciones ante el juez han finalizado con la comparecencia de Viloca y está previsto que mañana pasen a disposición judicial el resto de detenidos, entre ellos el director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rosell, para quien la Fiscalía también tiene previsto pedir prisión incondicional.
Los investigadores han rastreado expedientes de 7 ayuntamientos
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil están investigando adjudicaciones de obras de siete ayuntamientos catalanes a varias empresas que presuntamente pudieron pagar a cambio comisiones del 3% que fueron a parar a la fundación CatDem y CDC.
Según consta en un comunicado de la Fiscalía y han indicado fuentes conocedoras del caso, los ayuntamientos a los que se les han requerido expedientes de adjudicaciones son el de Torredembarra (Tarragona), Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Sant Fruitós de Bages (Barcelona), Olot, Figueres y Lloret de Mar (Girona).
El primer ayuntamiento, que motiva el arranque de la investigación, es el de Torredembarra (Tarragona), donde se investiga la adjudicación a la empresa Teyco de la construcción del parking del Filadors, que estaba licitado por 2.216.000 euros y que finalmente costó 2.864.000 euros, cuando lideraba el consistorio el convergente Daniel Masagué, detenido en dos ocasiones por este caso.
El registro en este consistorio se remonta al 26 de junio del 2014, cuando fue detenido por primera vez Masagué, en ese momento todavía alcalde, junto a seis miembros de su equipo municipal, y que después volvió a ser arrestado un año después.
Contratos a Teyco
En la segunda fase de la operación Petrum, el 28 de agosto del 2015, la Guardia Civil requirió al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès el expediente de contratación de la empresa municipal Promusa de la promoción de vivienda pública de la plaza dels Rabassaires, adjudicada a Teyco.
Según el consistorio, Promusa adjudicó en el 2008 a Teyco la promoción de vivienda pública en la plaza dels Rabassaires después de que quebrara la primera empresa que ganó la licitación en el 2005, y que la dejó a medias, «siguiendo escrupulosamente todos los procedimientos establecidos por la ley de contratación pública con total transparencia y objetividad».
En Sant Celoni, el mismo día los investigadores reclamaron la documentación del contrato de obra del edificio del centro municipal de formación y ocupación del Baix Montseny, Sax Sala, que realizó Teyco en el 2009, según informó el consistorio, y en el de Figueres, se investiga la adjudicación a la misma empresa de la construcción de la piscina municipal.
La Guardia Civil también acudió ese día al Ayuntamiento de Lloret de Mar para solicitar el expediente del proyecto de ordenación del parque urbano de Can Xardó adjudicado a Teyco en 2009, por un importe de 1.787.400,40, que se financió a través del Fondo estatal de inversión local (Feil) y a la que se presentaron 14 empresas.
Más empresas
En la tercera fase de Petrum realizada este miércoles, los investigadores han abierto el foco y han registrado la sede de Infraestructures.cat y del Consorci d'Educació de Barcelona, donde no han trascendido qué documentación se han llevado los investigadores.
Asimismo, han requerido al Ayuntamiento de Olot el contrato de concesión de basuras adjudicado en el 2011 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Igfa y Urbaser, y en Sant Fruitós de Bages por 20 millones de euros durante ocho años, la adjudicación al Grupo Soler de la construcción del centro cívico Nexe en 2009.