El juez decreta prisión sin fianza para el tesorero de Convergència para evitar que destruya pruebas
ESPAÑA
Anticorrupción considera que Andreu Viloca es la pieza central de la trama de financiación irregular del partido a través del cobro de comisiones del 3 %
23 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Josep Bosch, el juez de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) ordenó ayer «prisión sin fianza por plazo limitado» de Andreu Viloca, el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), detenido el miércoles en la tercera fase de la operación Petrum y acusado por Anticorrupción de ser la pieza central de la trama de financiación irregular del partido a través del cobro de comisiones del 3 % a empresas adjudicatarias de la Generalitat, que podrían haber servido también para financiar a organizaciones secesionistas. El ministerio público había pedido poco antes su encarcelamiento por el «riesgo de destrucción de pruebas», habida cuenta de que el tesorero, el pasado 28 de agosto, durante la segunda fase de este operativo, pasó por la trituradora de su despacho una decena de contratos, considerados por la Guardia Civil como «claves» para demostrar el pago de mordidas a la formación nacionalista.
Según las acusaciones de la Fiscalía, Viloca, que se negó a declarar, era el máximo responsable de gestionar los sobornos entre las empresas que participaban en los concursos públicos y de tramitar los pagos de esas coimas a través de donaciones de apariencia legal a Catdem, la fundación de CDC. Viloca fue el único de los once detenidos que ayer pasó a disposición judicial. Quedaron en libertad antes de declarar ante el juez los empresarios Juan Luis Romero (administrador de Rogasa) y Antonio García Bragado (directivo de Tec Cuatro) y los dos trabajadores de Convergència detenidos, Carlos del Pozo, secretario del patronato de Catdem, y la administrativa Anna Benítez.
Estaba previsto que con posterioridad pasaran ante el juez las seis personas que aún permanecían detenidas: otros cinco empresarios que supuestamente pagaron mordidas y Josep Antonio Rosell, responsable de Infraestructuras de la Generalitat.
Detenido en Barajas
Uno de esos empresarios es el directivo de la empresa Urbaser, Jordi Duran, que fue detenido ayer en el aeropuerto madrileño por agentes de la Guardia Civil. El empresario no pudo ser arrestado durante la primera jornada de la operación porque se encontraba de viaje en Cuba.
Entre tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a analizar ayer la documentación incautada el miércoles en una operación en la que practicaron una veintena de registros, incluido el de la sede central de CDC. Según fuentes de la investigación, los agentes se centran en estudiar en esta tercera fase un centenar de contratos supuestamente amañados a cambio del 3 %. Todas estas adjudicaciones bajo sospecha, explicaron las mismas fuentes, se produjeron entre el 2011 y el 2015, ya durante los Gobiernos de Artur Mas.