Burla al Constitucional: «Suspendieron la consulta y la gente fue a votar»

Veinticuatro horas después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar la moción independentista, el presidente de la Generalitat ignoró la decisión y lanzó un desafío en toda regla. «El año pasado, ya suspendieron la consulta del 9N y las urnas se pusieron y la gente fue a votar», afirmó en sede parlamentaria. «Nos dijeron que no se podría y encontramos la manera de celebrar la votación», dijo. Con esta comparación, Mas dio a entender que a pesar de que la resolución de ruptura está anulada, el Parlamento catalán y el Ejecutivo autonómico pondrán en marcha los trabajos para elaborar las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda propia, que vienen incluidas en el texto suspendido y cuyos trabajos deberían arrancar en cuatro semanas. En cualquier caso, Artur Mas aseguró que «no se trata de saltarse legalidades, sino que lo que está reclamando una parte muy importante de este país es sustituir las legalidades, una española por una catalana». «Es ajustarse a unos marcos legales, pero unos marcos legales diferentes», dijo.

La diferencia entre la situación de hace un año y la actual es la reforma del Constitucional aprobada por el PP. De hecho, en la propia suspensión del Constitucional se apercibe a las personas responsables de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones. Los apercibidos son Artur Mas; la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, los integrantes de la Mesa de la Cámara y los miembros del Ejecutivo autonómico, en total 21 altos cargos catalanes. Todos ellos recibieron ayer el aviso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Aun así, por saltarse la suspensión del Constitucional y poner las urnas el 9N, la Fiscalía se querelló hace un año contra el presidente de la Generalitat, su vicepresidenta y la consejera de Educación, que están imputados por cuatro delitos, uno de ellos el de desobediencia, por los que hace un mes declararon ante el juez que instruye el caso. Podrían acabar inhabilitados o incluso condenados con penas de prisión.

Artur Mas acusó al Gobierno de utilizar políticamente el Constitucional. «Es un abuso total», afirmó. «Un Gobierno de talante democrático se sienta a la mesa, escucha, negocia y llega a acuerdos, en vez de ir al Constitucional cada día pidiendo la suspensión de cualquier norma», remachó.

Desde la oposición, los líderes de Ciudadanos, PSC y PP instaron a Mas a que aclare si incumplirá la suspensión que decidió el miércoles el Constitucional. «Si usted es tan valiente para saltárselo, ¿por qué no responde?», preguntó Inés Arrimadas. «No haga imposible el diálogo con el Estado emprendiendo la vía de la ilegalidad», dijo Miquel Iceta. Xavier García Albiol, por su parte, pidió, sin éxito, a la presidenta del Parlamento catalán que manifieste públicamente que acatará la resolución del Constitucional.

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